Por Victoriano Martínez
Para muchos sujetos obligados, reservar información siempre ha sido un recurso fácil, rápido e inhibidor de la intención de cualquier persona por ejercer su derecho de acceso a la información pública, pero al mismo tiempo resulta un indicador de su vocación por la opacidad, en algunas ocasiones muy evidente, en otras no tanto.
Reservar información pública es la excepción, aunque para los servidores públicos que –por la razón que sea– necesitan ocultar algo, es la opción.
En los más de 20 años de vigencia del derecho de acceso a la información pública en el Estado no se han dejado de presentar casos que van desde exhibir la necesidad de ocultar incluso lo que ya está a la vista hasta reservar lo que –por su propia naturaleza– resulta ridículo que se le clasifique.
De la primera de esas opciones cuatro de distintas modalidades.
Uno. El gobierno estatal negó el acceso al convenio que firmó con la BMW para la instalación de su planta armadora aquí. El acuerdo de reserva se impugnó ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Antes de la resolución, el 14 de diciembre de 2014, el convenio fue publicado, producto de una filtración.
Aún así, un año después, el 16 de diciembre de 2015 la CEGAIP confirmó la reserva con el argumento de que, de conocerse el documento, se provocarían daños que en ese lapso nunca ocurrieron. Peor aún, aportó motivos adicionales para mantener la reserva del convenio que ya había circulado públicamente.
Dos. La Secretaría Particular del gobernador Fernando Toranzo Fernández reservó la información sobre el número de escoltas que lo cuidaban a él y a su familia, a pesar de que el Manual de Organización de la Dirección General de Ayudantía y Protocolo, en aquel momento, describía la organización de sus 48 custodios, incluso con la relación de los nombres de 32 de ellos.
Tres. La Auditoría Superior del Estado reservó los informes de auditoría de las Cuentas Públicas de 2014, en tanto que el Congreso del Estado las proporcionó ante solicitudes de información iguales. Un contraste aún mayor si se toma en cuenta que un año antes, como parte de su informe de actividades, en esa Legislatura se publicaron los informes con todos los anexos que detallaban la forma en que se realizó la auditoría.
La síntesis que hoy se publica da cuenta del retroceso que se ha dado en el Poder Legislativo en materia de transparencia del proceso de fiscalización.
Cuatro. El conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa Vigue, de recolección de basura, provocó que Ricardo Gallardo Juárez, entonces alcalde, anunciara la publicación del contrato como un acto de transparencia. No obstante, ante una solicitud de información, la respuesta fue un acuerdo de reserva para no entregarlo.
Igual que en el caso de BMW, el contrato reservado ya se encontraba publicado años atrás. La contradicción en el discurso de Gallardo Juárez y su actitud real ante la transparencia prevalece: el actual gobierno se proclama transparente, anuncia que publicará los datos sobre la compra de patrullas, las obras de la Fenapo y los Tangamanga y más, y ante solicitudes de información, los niega.
Entre las reservas que han rayado en el ridículo destacan dos: el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) reservó los resultados casilla por casilla de la elección del 7 de junio de 2015, como si no estuvieran pegados en una cartulina frente a las casillas o no los dieran a conocer en el PREP, incluso con vínculo a las actas.
El otro corrió a cargo de la CEGAIP que clasificó como reservada la información sobre el programa que utilizaba para realizar su sitio Web porque “podría ampliar las posibilidades de que hackers dañen la información”. Seis dependencias que recibieron la misma solicitud proporcionaron los datos.
Hoy se suma una nueva modalidad de reservar información, aunque se haga pública, entre otras cosas, con fines de propaganda. El Interapas reservó por cinco años la información sobre la ubicación de sus pozos, datos técnicos y especificaciones de infraestructura hidráulica porque pondría en peligro la vida, la salud y la integridad de los habitantes de la zona conurbada que abastece.
Si hoy esos datos ponen en riesgo a la población, dentro de cinco años que termina la reserva ¿Qué circunstancias harán que esa información ya no represente un riesgo que incluso señalan como de seguridad nacional?
La Comisión Nacional del Agua publica la relación de todos los pozos que existen en el país clasificados por tipo de servicio y datos sobre algunas especificaciones técnicas. Otra vez reservar información publicada.
El dato reservado que más destaca es el de la ubicación de los pozos, como si al pasar frente a uno de ellos fueran invisibles los gigantescos logotipos rotulados en sus paredes que los identifican como de Interapas, o si el alcalde no hiciera alharaca al inaugurar uno o poner en marcha su rehabilitación. Hasta mapas con sus ubicaciones suelen publicar.
En su acuerdo de reserva, el Interapas señala que “no solamente está prohibido revelar información reservada, sino que además está penado hacerlo”.
“Se estaría ante la presencia de un delito contra la administración pública por parte del servidor público que dé a conocer constancias o información reservada referente a ubicación geográfica de los pozos que se encuentran a cargo y/o en operación del Organismo”, advirtió el Interapas en su acuerdo de reserva.
Un acuerdo de reserva que no sólo obliga al Interapas a proteger la información que ha clasificado, sino también a actuar y denunciar los delitos que, entre propaganda y promoción, se configuran conforme a su propia descripción.
