Maria Ruiz
Rosalba Cruz, consejera jurídica para la igualdad de género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la necesidad urgente de robustecer los protocolos de hostigamiento y acoso sexual en las universidades públicas con el fin de garantizar espacios libres de violencia.
“Es imperativo que nuestras instituciones educativas no solo implementen, sino que también fortalezcan los mecanismos de prevención, atención y erradicación de las violencias por razón de género”, afirmó Cruz.
Señaló que la intervención de las autoridades universitarias en estos temas es relativamente reciente debido a la Ley General de Instituciones de Educación Superior, promulgada en 2020-2021, que establece claras obligaciones para las universidades en la creación de estos mecanismos.
La especialista enfatizó en que si bien se han desarrollado protocolos de atención específicos, es crucial entender que la eliminación de las violencias no se logra solo a través de la atención.
“Necesitamos crear mecanismos de prevención que aborden las estructuras mismas que perpetúan la violencia. Esto incluye cambiar la cultura dentro de nuestras universidades y revisar los planes y programas de estudio para asegurar que reflejen la igualdad de género”.
Además, señaló que la igualdad de género en las universidades no se mide simplemente por la presencia de mujeres en posiciones de poder, sino por la calidad y equidad de su participación.
“Las mujeres en posiciones de decisión a menudo enfrentan un doble estándar, siendo observadas más estrictamente, tanto en su trabajo como en su vida personal. Esto refleja cómo el género influye en la percepción y tratamiento de las mujeres en el ámbito profesional”.
Para enfrentar estos desafíos, Cruz abogó por un enfoque integral que incluya sensibilización y capacitación, es decir, asegurar que todas las personas en posiciones de decisión comprendan y estén comprometidas con la igualdad de género.
Otro aspecto importante es la revisión de los programas educativos en los que se asegure que las universidades promuevan la igualdad de género y visibilicen las contribuciones históricas de las mujeres, así como implementar medidas urgentes de protección y seguimiento integral para las personas en situación de violencia, incluyendo sanciones y programas de reeducación para los agresores.
“Se necesita promover una cultura donde las víctimas se sientan seguras y apoyadas al denunciar situaciones de violencia”.
Cruz también destacó que la normativa actual en derechos humanos proporciona una base sólida para la intervención y atención en casos de violencia, permitiendo ajustes específicos según las condiciones particulares de cada grupo vulnerable.
“Las metodologías actuales nos permiten identificar las particularidades de cada grupo afectado por la violencia de género, garantizando así una respuesta más adecuada y efectiva”.
En cuanto a la efectividad de estos protocolos, Cruz reconoció que la situación varía entre instituciones.
“La realidad es diversa. Algunas instituciones están mejor preparadas que otras. Sin embargo, es crucial que continuemos avanzando y mejorando nuestras estrategias de intervención para asegurar que todas las víctimas puedan acceder a una justicia efectiva y a espacios libres de violencia”.
La consejera concluyó con un llamado a la acción, en el que las universidades insistan en la implementación y mejora de estos mecanismos, pues son una posibilidad de entender y erradicar la violencia de género, y eso dependerá de un esfuerzo conjunto y continuo.
“Este compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia de género es fundamental para construir instituciones educativas más justas e inclusivas, donde todos los miembros de la comunidad puedan desarrollarse plenamente sin temor a la violencia o la discriminación”.
