María Ruiz
En un escenario donde la tierra es un recurso escaso y valioso, las inmobiliarias han encontrado una oportunidad para maximizar sus ganancias a expensas de los ejidatarios en San Luis Potosí.
José Amadeo Hernández Barajas, dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI) a nivel nacional y coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), ha destapado una práctica preocupante: las inmobiliarias pagan solo el 30 por ciento del costo real de las tierras de uso común a los productores agrarios.
Explicó que el modus operandi es sutil, pero abrumador, pues los grandes fraccionadores, ávidos de expandir sus dominios urbanos, se acercan a las comunidades y ejidos cercanos a la capital.
Ante la crisis por la escasez de agua y en medio de la desesperación de los productores, se aprovechan para realizar “ofertas de compra” por debajo del costo establecido.
“Aquí en San Luis Potosí encuentran terrenos de uso común que podrían ser codiciados por su ubicación estratégica. Sin embargo, en lugar de ofrecer un precio justo, optan por la treta del 30 por ciento”.
De igual modo, Hernández Barajas detalló que, dentro de este engaño, las inmobiliarias prometen pagar el 30 por ciento del valor total de la tierra. A simple vista parece una oferta razonable, pero hay una trampa: una vez que los ejidatarios ceden la posesión, las inmobiliarias cambian de tono y el pago completo nunca llega. Los campesinos, despojados de sus tierras, se ven atrapados en un laberinto legal.
“Los ejidatarios, a menudo en situaciones económicas precarias, se ven tentados por la suma de dinero inicial. El anticipo les parece una tabla de salvación. Sin embargo, cuando intentan recuperar la tierra, se topan con un sistema judicial lento y burocrático”.
Hernández Barajas explicó que las inmobiliarias, mientras tanto, siguen construyendo sobre los terrenos adquiridos a precio de ganga, en donde los que siempre pierden son los campesinos. Mientras las inmobiliarias se enriquecen, las comunidades agrarias enfrentan la pérdida de su patrimonio ancestral.
“Existe mucha falta de orientación y asesoría y esto agrava la situación. Los ejidatarios se encuentran desesperados por necesidades básicas, se ven atrapados en un juego desigual porque los embaucan, los engañan”.
Asimismo, el dirigente indicó que a la hora de denunciar este abuso, las autoridades no intervienen para proteger los derechos de los ejidatarios.
“No podemos permitir que la codicia de unos pocos destruya el legado de muchos. Las inmobiliarias no solo compran tierras, sino también la dignidad y el futuro de quienes las trabajan. Es hora de detener este expolio y garantizar que la justicia prevalezca sobre la avaricia”.
