Estela Ambriz Delgado
Los comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, se encuentran entrampados en una más de las maniobras de los empresarios del sector inmobiliario para llevar a cabo sus proyectos en la Sierra de San Miguelito, en contubernio con sus representantes comunales, pues por una demanda en su contra que deliberadamente fue respondida de manera incorrecta ahora se encuentran endeudados por más de 3.5 millones de pesos y el comisariado ni siquiera ha informado de la situación.
Las estrategias y maniobras de los fraccionadores por anular el decreto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito no cesan, y recientemente una de estas se develó tras la contestación del anterior comisariado comunal a la demanda del abogado Gustavo Barrera López por más de 3.5 millones de pesos, con la que la comunidad queda confesa y reconoce el adeudo por los servicios profesionales del mismo.
Luego de que el pasado domingo 22 se pretendió llevar a cabo una asamblea, en cuyo orden del día se contemplaba someter a votación el desistimiento de demandas en perjuicio de la comunidad que no fue posible por falta de quórum, los comuneros inconformes cuestionaron al presidente del comisariado, Aniceto Jasso Bravo, que no se esté defendiendo a la misma.
En los acuerdos del Juzgado Primero Civil publicados el 21 de agosto de presente año, se establece sobre el expediente 00669/2024 relativo a la demanda de Barrera López, que el 6 de agosto se recibió escrito de Andrés Jesús Cruz Campos, Laura Quintero Pérez y Magdalena Socorro Hernández Morales, del que se determina que no hay lugar a tenerlos por contestando debido a que acreditaron su personalidad como presidente, secretaria y tesorera, respectivamente, con copias fotostáticas que carecen de pleno valor probatorio en juicio.
Al respecto, el colectivo Guardines de la Sierra explicó que los entonces integrantes del comisariado que respondieron a la demanda están con la empresa también demandada Espacios en el Horizonte, por lo que de manera deliberada la contestan mal para quedar confesos y reconocer el adeudo.
“Eso es una maniobra perversa porque se ponen de acuerdo para contestar mal, entonces el juez ordena tildar las escrituras o los títulos de la comunidad, y ya resulta que la comunidad quedó endeudada por millones, ya reconociendo prácticamente como confesa lo que le pide Gustavo Barrera (…) como si se tratara de un deudor, cuando se refieren a tierras comunales que no pueden ser embargables”.
Además, el colectivo destacó que la deuda sería estratosférica, pues además del pago de 3.5 millones de pesos, el abogado pide el 20 por ciento por concepto del valor comercial de mil 805 hectáreas de honorarios profesionales: así como el pago de daños y perjuicios económicos, indemnización por daño moral, daños punitivos, costas y gastos.
Al respecto de las mil 805 hectáreas pretendidas para el proyecto Las Cañadas, de Espacios en el Horizonte, destaca en la demanda del abogado que asegura esta superficie quedó excluida en junio de 2021 del Estudio Previo Justificativo (EPJ) que sirvió de base para la declaratoria del ANP, con motivo del juicio que él interpuso. Sin embargo, el decreto del ANP fue publicado en diciembre de ese mismo año incluyendo esa superficie, tras una defensa en la que el movimiento denunció la corrupción al interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se logró que se integraran nuevamente.
