Alejandro Rubín de Celis
Ya se habían tardado. Desarrolladores por fin presentaron su magno proyecto inmobiliario, Las Cañadas, ante el Instituto Municipal de Planeación (Implan).
Disfrazado de un taller en el marco del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la presentación fue discreta, sólo algunos medios cubrieron el evento. Grupos opositores al proyecto dijeron haber sido convocados de último momento.
La consigna del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Sierra de San Miguelito “no se toca” parece haber obligado a los fraccionadores a acelerar el proceso para que se apruebe el cambio de uso de suelo en donde pretenden construir el complejo inmobiliario Las Cañadas en un periodo de 20 años.
La presentación corrió a cargo de representantes de la empresa Espacios en el Horizonte quienes aseguraron que las 2 mil 68 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe donde se construiría “el desarrollo urbano más grande que se ha diseñado en San Luis Potosí”, no toca las 12 mil 613 hectáreas que ya fueron decretadas como Área Natural Protegida (ANP), ni las otras 51 mil 170 restantes que consideró el gobierno estatal para ser declaradas bajo la misma categoría ꟷpara hacer un total de 63 mil 783 ꟷ y sobre las cuales no ha movido un dedo en casi un año.
Argumentaron que se trata de un territorio árido, que cuenta con menos de 500 árboles y donde ellos habrán de sembrar 250 mil, y que es un proyecto que resolverá una necesidad de vivienda, infraestructura y servicios a futuro en la ciudad.
Lo que no dijeron es que se trata de un asentamiento sólo para privilegiados con muy alto poder adquisitivo y en el que nada tiene que ver la vivienda media y popular, que será una necesidad seguramente mayor en unos años y en la que ellos no aportarán nada. Todo sea por el negocio y por otorgar beneficios especiales a unos cuantos, pero nada que tenga que ver con contribuir a resolver necesidades de las mayorías.
Los empresarios que impulsan el ambicioso proyecto hicieron oídos sordos al llamado presidencial para llegar a acuerdos en aras de proteger la totalidad de la Sierra de San Miguelito que, según el Estudio Técnico de Factibilidad para el Establecimiento de Área Natural Protegida elaborado por el Ipicyt, cuenta con 81 mil 565 hectáreas. Se están valiendo de las 17 mil 782 hectáreas no consideradas por el gobierno estatal para tomar de ahí las porciones de tierra que necesitan para concretar su proyecto.
Pero, además, con el convenio firmado entre el gobierno estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la declaratoria estatal prácticamente queda sin efecto y eso hace que la declaratoria federal inicie de cero, aunque el Ejecutivo estatal aporte estudios y documentos elaborados previamente.
Los empresarios saben que el estudio a nivel federal llevará años ꟷal menos dos, como lo estimó la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Ivette Salazarꟷ y buscan aprovechar ese tiempo para negociar, o en su caso presionar si fuera necesario, a la autoridad municipal para que se cambie el uso de suelo lo antes posible.
Y ante la presión de grupos ambientalistas para que no se apruebe el cambio de uso de suelo, el que se encuentra entre la espada y la pared es el alcalde Xavier Nava Palacios, si es que en su fuero interno no simpatiza con el mega proyecto como lo aseguran sus detractores.
El que está de plácemes es el gobernador, Juan Manuel Carreras quien, al haber tenido que endosar la declaratoria de ANP a la federación se ha quitado un peso de encima, con la posibilidad de que termine su mandato sin tener que asumir la responsabilidad directa de definir la extensión que habrá de catalogarse como ANP, y dando tiempo a que todo se arregle para que Las Cañadas se haga realidad y quedar bien con los más poderosos empresarios de la entidad.
En cuanto al convenio entre la Conanp y el gobierno del estado, se trata de un documento muy general en el que no se establece el polígono que debe considerarse para la declaratoria de ANP, ni hay medidas urgentes para proteger la Sierra de San Miguelito, como lo ha denunciado la organización Cambio de Ruta.
El acuerdo promueve la participación de organizaciones públicas y privadas y de personas e instituciones en general “para la elaboración de los estudios que justifiquen la expedición de la declaratoria para el establecimiento de “EL ÁREA” (Natural Protegida).
¿Tomarán en cuenta a las agrupaciones opositoras Cambio por San Luis, Frente Amplio Opositor y Cambio de Ruta en la consulta que estipula el acuerdo? ¿Permitirán que den su opinión los ambientalistas Carlos Covarrubias, Michel Hernández y Luis González Lozano, y que aporten los documentos que a su juicio demuestran el daño que el proyecto inmobiliario representa para la viabilidad de la ciudad? ¿O autoridades estatales y municipales se encargarán de “echarles tierra” ante las autoridades federales para limitar o hasta bloquear su participación?
El Gobierno de la República debe atender el enorme riesgo que existe de que, en tanto se concreta la declaratoria de ANP a nivel federal, desarrolladores inmobiliarios, con la anuencia de autoridades locales, acaben por devastar otra importante zona que resulta vital para la ciudad, y tomen las medidas pertinentes, con carácter de urgente, para evitar que ello suceda.
Dejar pasar tan sólo unos cuantos meses en las condiciones en que se encuentran las cosas, puede ser demasiado tarde.
