Por: Antonio González Vázquez.
El gobernador Juan Manuel Carreras López se lava las manos en materia de inseguridad pública y apela a la grave situación que se vivió en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández. Con este último, mil 580 delitos por cada cien mil habitantes, ahora al cierre de 2015, 405 delitos por cada cien mil habitantes.
La estrategia de seguridad pública para el sexenio parte del principio (equivocado) de que San Luis Potosí “es una de las entidades más tranquilas del país” y de que la “incidencia delictiva ha venido disminuyendo”. Mientras que se presentan crímenes que inquietan a la sociedad, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, destaca la posición de la entidad como un estado con logros contra la delincuencia.
Más aún, mientras que del Semáforo Delictivo a febrero de 2016 tiene cosos rojos encendidos en los delitos de extorsión, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio,, lesiones y violación, el Plan Estatal de Desarrollo aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado solo admite parte del problema pero no aporta suficientes datos ni soluciones.
Dicho Plan considera 32 líneas de acción en materia de seguridad pública, sin embargo, ninguna de ellas va dirigida de manera directa a enfrentar el hecho de que hasta el 70 por ciento de las víctimas de delitos son en contra de su patrimonio. El caso más próximo, el de la pareja de catedráticos de la UASLP asesinados para robarles dos automóviles.
“En los últimos siete años, la incidencia delictiva ha presentado un comportamiento sostenido a la baja; sin embargo, el desafío es apuntalar esta tendencia. La media nacional se encuentra en 1,303 delitos por cada cien mil personas, en tanto que nuestra entidad se encuentra en 406. Asimismo, es necesario desarrollar una estrategia integral para consolidar una cultura de la denuncia con miras a superar la media nacional de 40.9% de los delitos totales”, cita el PED en la página 125.
El documento admite que la incidencia delictiva que afecta el patrimonio de las familias se concentra en los robos y la extorsión con el 70.5 por ciento del total de los delitos denunciados ante el Ministerio Público.
Por ejemplo, el año pasado hubo hasta 31 mil 970 víctimas de delitos contra el patrimonio y 9 mil 414 contra la integridad personal.
La tasa de delitos por cada cien mil habitantes según el PED es de 405 en 2015, mientras que en el 2009, al inicio del gobierno de Fernando Toranzo Fernández, era de mil 580.
En ese sentido, la comparativa con el gobierno de Toranzo, la plasma el PED en cuanto a la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, en 2009 era de 15.9 y en 2018 bajó a 8.5.
El Plan destaca además que “por lo que respecta a las tasas de homicidio, secuestro y robo de vehículos en el Estado, estas también se encuentran por debajo de la media nacional”, sin embargo o aporta datos.
Tampoco se aportan datos que expliquen la información cuando se afirma que “la incidencia de delitos del fuero federal, los relacionados con la posesión y portación de armas de fuego y explosivos previstos en el Código Penal representan el 57.9% del total”.
La estrategia principal del Plan de Juan Manuel Carreras López es simplemente una frase trillada de tanto repetirse: “Promover una mayor coordinación operativa y de inteligencia entre los tres órdenes de gobierno”.
