Por Victoriano Martínez
La decadencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) comenzó mucho antes de la llegara de Giovanna Argüelles Moreno a la presidencia, al grado de que aún no cumplía cien días en el cargo recibió dos recomendaciones para que “se realicen las acciones correspondientes, a efecto de garantizar la autonomía e independencia de la Comisión”.
A la vuelta de cuatro años, Argüelles Moreno inicia un nuevo periodo al frente del organismo en circunstancias aún peores: para muchas víctimas en lo individual y como parte de colectivos ya no hay duda sobre su falta de autonomía y de independencia, al grado de que han anunciado la creación de un frente alternativo para vigilar y presionar el trabajo de la CEDH.
El 29 de abril de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2021 “en contra del insuficiente cumplimiento de la recomendación emitida por la comisión estatal de derechos humanos de San Luis Potosí”, dirigida al entonces gobernador Juan Manuel Carreras López y a Argüelles Moreno.
Para el 23 de junio de ese mismo año, la CNDH emitió una segunda recomendación dirigida a los mismos funcionarios, en esta ocasión “en relación con la violación a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de” María de Jesús Almendárez Prieto, conocida como Mary Chuy.
Si bien los casos por los que se emitieron las recomendaciones no iniciaron con la gestión de Argüelles Moreno al frente de la CEDH, los tres puntos recomendatorios de una y los cinco de la otra tuvieron que ver con medidas que debió adoptar para mejorar el trabajo de la Comisión.
Los resultados indican que no se realizaron las acciones correspondientes. Su primer periodo al frente de la CEDH se caracterizó por ser el que más actos de protesta por parte de víctimas se dieron frente a sus instalaciones y en las ocasiones en que por cualquier motivo asistía al Congreso del Estado, a donde en diversas ocasiones pidieron que compareciera.
Las protestas en contra de la CEDH no sólo han sido presenciales por parte de varios grupos de víctimas, sino que también se han reflejado en un número sin precedentes de inconformidades contra su actuación que se han turnado a la CNDH.
En marzo de 2023, la propia Argüelles Moreno se vio obligada a justificar ante los diputados el bajo rendimiento de la CEDH, tras la presentación de su informe anual de actividades que fue el primero que no le fue aprobado por el Consejo del Organismo.
Desde fines de 2022, Argüelles Moreno trabajó confrontada con el Consejo de la CEDH, al grado de que dos consejeras, quienes encabezan un movimiento de búsqueda de desaparecidos y la defensa de los derechos humanos de personas con discapacidad, renunciaron al organismo.
Desde la perspectiva de las víctimas, Argüelles Moreno mostró poco interés en la defensa de sus derechos humanos y sí, en cambio, comprometió aún más la autonomía e independencia del organismo al ser complaciente con las autoridades.
Prácticamente avaló el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género en tres municipios y ha evadido pronunciarse por el ilegal traslado de mujeres privadas de su libertad a la cárcel de Xolol, en la Huasteca. Son sólo dos ejemplos de la forma en que Argüelles Moreno ha cometido agravios contra las víctimas antes que defender sus derechos.
“Hoy creo que hubo un consenso entre los diputados, y yo creo que se debe a su trabajo, si no, no creo que la hubieran elegido”, justificó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona la reelección de Argüelles Moreno. ¿Será que tanto diputados como gobernador avalan un trabajo que agravia a las víctimas en lugar de defenderlas?
Se trata de antecedentes directamente padecidos por las víctimas y de posturas convenientes de autoridades a las que favorece una CEDH ni autónoma ni independiente que se traducen en la certeza de que el organismo protector de los derechos humanos sólo lo es de membrete y como mascarada.
Ante tal panorama, que las víctimas promuevan la creación de un frente alternativo para vigilar y presionar el trabajo de la CEDH es una reacción lógica y coloca la defensa de los derechos humanos en el estado en el mismo punto en el que se originó: en manos de la sociedad civil como en los 90 del siglo pasado los encabezó el Centro Potosino de Derechos Humanos Asociación Civil (CEPODHAC).
