Fernanda Durán
El Frente Marea Verde San Luis Potosí continuará con la búsqueda de la despenalización del aborto en instituciones locales, ante la descriminalización determinada este martes 6 de septiembre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en todo el país, con la que se obliga a las instituciones de salud pública federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex, a ofrecer el servicio de forma gratuita.
Aunque el amparo promovido por la organización feminista Gire permitirá a partir de ahora que en cualquier clínica federal se pueda acceder al aborto voluntario, aún quedan fuera aquellas mujeres que no cuentan con el servicio.
Por este motivo el frente busca que incluso en las instituciones locales, como los Servicios de Salud, y las clínicas privadas en el estado permitan el acceso a la interrupción legal del embarazo, ya que son quienes tienen mayor cobertura, de acuerdo con la abogada e integrante del Frente Marea Verde, Fátima Hernández Alvizo.
La propuesta de la organización en San Luis Potosí pide la despenalización de todas las causales y la permisión del aborto voluntario hasta la doceava semana en la legislación local, para que las mujeres y niñas en la entidad que sí tienen acceso a los servicios de salud que proporciona el gobierno estatal tengan acceso a las condiciones optimas para llevar a cabo este proceso.
La abogada explicó que la motivación del amparo se debió a que instituciones como el IMSS, ISSSTE y Pemex negaban el aborto voluntario aun en estados que ya lo habían despenalizado como Veracruz, Sinaloa e Hidalgo, bajo el argumento de que eran instituciones nacionales y les regía el Código Penal Federal, es decir, que hasta ahora solo atendían la interrupción voluntaria del embarazo por violación en todo el país.
Al marcar como inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal por violar los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, marca un avance contra la criminalización del aborto, sumado ya a la resolución de 2021 cuando el tribunal ordenó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar con el cuál sentaba un precedente para que el resto de entidades retirara de sus legislaciones las penas por interrumpir el embarazo.
Esta acción se suma a las razones por las que colectivas, activistas, periodistas, académicas y defensoras de derechos humanos esperan que en San Luis Potosí las autoridades atiendan y legislen el tema del aborto.
Mientras tanto, el Frente seguirá con la presentación de iniciativas, amparos y campañas para descriminalizar el aborto.
Derivado de la falta de acceso al aborto voluntario se practica de forma clandestina, y de acuerdo con la doctora Yesica Yolanda Rangel Flores, esto provoca afectaciones psicológicas, pero no por la práctica sino por la falta de acompañamiento psicológico a consecuencia del estigma y tener que callar un tema que la sociedad prefiere no tratar.
El aborto es la cuarta causa de muerte asociada a la maternidad en el país, pero con la advertencia de que no se conocen las cifras exactas debido a la practica clandestina y las circunstancias que determinan la clasificación del deceso.
