Leticia Vaca
Funcionarios adscritos al Poder Judicial del Estado, mediante un oficio entregado al Congreso local, solicitaron que no sea ratificado Juan Paulo Almazán Cué en el cargo de magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El oficio fue recibido por la Oficialía Mayor del Poder Legislativo desde el pasado 6 de julio, sin embargo apenas este jueves, en sesión de la diputación permanente, se dio lectura a la petición.
Los firmantes, Adriana Monter Guerrero, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras y Juan Fernando Salazar Hernández, también hicieron entrega de dicho documento al Ejecutivo estatal para exponer que durante la gestión de Almazán Cué como titular del Poder Judicial del Estado, su desempeño “siempre estuvo plagado de abuso de autoridad, de ejercicio indebido de funciones y condicionado a lo que le representara un beneficio a sus interese personalísimos, alejados completamente de velar por la institución que presidió, pues se caracterizó, además, por sus actos opresores, de acoso y hostigamiento laboral, así como de un absoluto nepotismo”.
En el oficio, que también está dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al senador Ricardo Monreal, a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se describe una serie de irregularidades, como el impedimento para que la magistrada Monter Guerrero fuera evaluada y ratificada en su cargo.
Asimismo, se detalla que Juan Paulo Almazán, “de manera sistemática y recurrente incurrió en la comisión de actos injustificados de acoso y persecución, como en el caso específico del suscrito licenciado Emilio Agustín Ortiz Monroy, a quien le profesa una abierta animadversión, cuyo origen se desconoce, conductas que consistieron principalmente en: constantes cambios injustificados y atípicos de adscripción, en la instauración absurda de procedimientos disciplinarios que carecen de todo principio de razonabilidad, e innumerables acciones que atentan en contra del derecho a la igualdad y a la no
discriminación en el empleo del licenciado Ortiz Monroy, conductas que tuvo como
efecto el removerlo finalmente de su cargo como juez de Primera Instancia, sin
existir una justificación legal y objetiva que le posibilitara actuar en ese sentido”.
