Antonio González Vázquez
Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen para extinguir siete organismos administrativos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de esa Comisión, rechazó que se trate de su desaparición, sino que sus funciones y competencias se reintegrarán al Ejecutivo.
El presidente de la Comisión aseguró que el dictamen a la iniciativa que modifica diversos artículos de la Constitución, en materia de simplificación orgánica, aprobado en esta instancia legislativa, “reintegra una buena parte de competencias administrativas que, de origen, han sido del Ejecutivo, a diferentes dependencias”.
Indicó que en el dictamen se eliminan algunas estructuras burocráticas, se integran en otras y el Ejecutivo asume competencias importantes, además de que “no se trata de eliminar derechos, ni se afecta a los trabajadores”.
El diputado de Morena preció que “este dictamen será enviado a la Mesa Directiva, y la Mesa Directiva lo remitirá a la siguiente Legislatura”.
Los siete órganos autónomos que desaparecerán en caso de la que la próxima legislatura lo apruebe en septiembre próximo son los siguientes:
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al INEGI
El dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.
Las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al INEGI, y se otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
También se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
