- En complicidad con ex Secretaría de Salud maquinó e incurrió en estafa
- Falsificó y alteró documentos para compra ficticia de medicamento
Eduardo Delgado
El abogado de la empresa Quickshine del Potosí, Tomás Coronado Zárate, sostuvo que Gabriel “N” debe también ser sujeto a proceso penal por asociación delictuosa, porque en contubernio con la ex secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez y ex funcionarios de esa dependencia, maquinaron un fraude por casi 3.5 millones de pesos, con documentos falsos o alterados de esa compañía.
Ello, luego de que Gabriel “N” fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable de estafar a cientos de inversionistas, locales y foráneos, a través de Invercop Capital Financiero, una de las compañías de Grupo Infinte, cuyo Consejo de Administración preside el imputado.
En el caso de la defraudación a Quickshine del Potosí ,aseveró, “la principal” responsable es Mónica Rangel, porque en cuestión de horas autorizó la adjudicación del contrato y el pago a la empresa de su representada, además de que la factura fue expedida por la venta de productos médicos, no obstante que la compañía se dedica a la prestación de servicios.
También, juzgó, fueron corresponsables el ex gobernador, Juan Manuel Carreras López, el hoy diputado local, Alejandro Leal Tovías y Federico Arturo Garza Herrera, ex secretario general de Gobierno y ex fiscal general del Estado, respectivamente, porque “supieron de todo ello”.
Recordó que Gabriel “N” le ofreció a Quickshine del Potosí servicios de contabilidad, derivado de información que habría obtenido a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, “de una persona que se presume es su padre biológico”.
“De esa manera se generó un contrato de prestación de servicios para llevar él, la contabilidad y representación legal”, añadió.
De ese modo tuvo acceso a información completa de la empresa e incluso del programa de cómputo para facturar; “él sabía cuándo se expedían y podía realizarlas, porque esa era su función”, explicó el abogado Tomás Coronado.
Falsificó la firma de la gerente de ventas de Quickshine del Potosí, para expedir en documentos falsos la cotización y el contrato de compra venta por 3 millones 548 mil pesos de material médico, “sin considerar que la empresa se dedica a la prestación de servicios”, reiteró.
En lo que va de la integración de la carpeta de investigación, dijo, se ha documentado que “en el mismo día”, la ex funcionaria autorizó la adjudicación de esa “compra ficticia”.
“Firmó el contrato de compra venta y a la hora, hora y media, se generó el pago vía transferencia, lo que ninguna dependencia hace, pues debe tener la certeza de que el proveedor cumple con los requisitos”, abundó.
“Debe tener un numero de proveedor y en este caso no existe, aunque lo pudieron generar en ese momento”, comentó.
También debió verificarse la existencia física y la capacidad de la empresa, así como tener el contacto directo con los representantes de la compañía. “Lo que en una hora no pudo ser posible”, aseveró.
La factura también fue alterada porque las de Quickshine del Potosí tienen sello de agua y la presentada por la Secretaría de Salud no.
Asimismo, ha quedado establecido que tampoco es la firma de la propietaria de la compañía, tanto en el contrato como en la factura de venta, lo cual ha sido ya confirmado con el dictamen de un perito en grafoscopía.
Por la participación de Mónica Rangel, el ex director administrativo de la Secretaría y de Gabriel “N”, “se configura la asociación delictuosa, delito grave que no pueden llevarse con los imputados en libertad, sino en prisión preventiva forzosa”.
En consecuencia, procede una sentencia condenatoria, con las evidencias aportadas por la empresa, la Secretaría y la Unidad de Inteligencia Financiera, a la que se le solicitó información acerca de a donde se dispersaron los recursos transferidos de la dependencia estatal a cuentas de Quickshine del Potosí y de esta “hacia las de Gabriel “N” y Asociados”.
Tras señalar que incluso se configura el delito de enriquecimiento ilícito y otros, Tomás Coronado expuso que “por desgracia” con el ex fiscal “vimos que hubo protección y a lo mejor no fue encubrimiento sino incapacidad y el desconocimiento en la materia”, juzgó.
“Ahora que Gabriel “N” fue detenido, buscamos que se repare el daño económico a la empresa y que se ejerza justicia hacia el mismo gobierno, porque fue defraudado”, finalizó.
