Por Victoriano Martínez
“Solo cuando se articula el derecho a la información con la teoría y la práctica de la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho, es posible hablar de una nueva forma de ejercer el poder público”, afirmó el actual Cabildo en la Exposición de Motivos del nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aprobado el pasado 30 de junio, y publicado el 18 de julio, en los 17 días que tiene de vigencia las autoridades municipales no han dado señales para que sea “posible hablar de una nueva forma de ejercer el poder público” y sí en cambio de lo contrario.
Cuando en enero del año pasado el alcalde Enrique Galindo Ceballos mintió sobre el costo de las 92 patrullas que entonces pusieron en operación una semana después de lo programado porque enfermó de Covid, aún estaba lejos de poner en blanco y negro su intención de ejercer una nueva forma de ejercer el poder público.
Volver a incurrir este jueves, durante la entrega de cinco patrullas y diez motocicletas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en una imprecisión sobre el monto invertido confirma su vieja vocación de opacidad y contradice el compromiso por el que votó el pasado 30 de junio en la sesión del Cabildo.
En esta ocasión aseguró que en las cinco patrullas se gastaron 2 millones 400 mil pesos, evitó dar el costo de las motocicletas, lo mismo que el nombre de la empresa adjudicada para la compra, y se limitó a decir que la adquisición se hizo por licitación pública, un procedimiento que se publica en el sitio Web del Ayuntamiento, es decir, personalmente opaco hasta con lo ya publicado.
Una revisión al apartado de licitaciones en el portal del Ayuntamiento da cuenta de las imprecisiones y ocultamiento por parte del alcalde: en el fallo de la licitación consta que el costo de las cinco patrullas fue de 3 millones 15 mil pesos (615 mil pesos más), que no se adquirieron 10 motocicletas sino 13, y que la empresa proveedora fue 399 Project Development S.A. de C.V.
Con el antecedente de las 92 patrullas y la vigencia del reglamento de transparencia, lo menos que podría esperarse de su nueva forma de ejercer el poder es que ni siquiera fuera necesario que se le preguntara por el costo de los vehículos porque en su intervención durante el acto, como buena práctica de transparencia y rendición de cuentas, sería información que proporcionaría.
Y es que, tan fácil que hubiera sido que informara, y ahora tendría que explicar (porque su arrogancia es seguro que se lo impedirá) por qué dio una cifra 615 mil pesos menos sobre las patrullas, dónde se encuentran las tres motocicletas y por qué se le compraron a la empresa de José Ricardo Cordero de Ávila, que ha sido cuestionada aquí mismo y en otras entidades del país.
Pero no sólo el alcalde contradice el compromiso que se hizo en su nuevo reglamento de transparencia, entre los funcionarios es notoria la poca voluntad de trabajar de manera abierta ante la población.
El director de Comercio Municipal, Jorge García Medina, descartó revisiones a la planta Calidra “El Zacatón” mientras no tenga actividades, y mencionó que a los vecinos “se les informó que hemos hecho visitas y no se ha encontrado ninguna actividad”, en tanto que omitió el compromiso de acudir a inspeccionar cuando los vecinos detectaran actividad y, aunque lo hicieron, no acudieron.
Conforme al nuevo reglamento de transparencia, García Medina pudo privilegiar la nueva forma de ejercer el poder público y, si cumplió con lo que señala el artículo 8, fracción VII, del reglamento, presentar la forma en que documentó cada una de las visitas de inspección a la empresa y no sólo limitarse a un “se les informó”.
Incluso sobre la clausura del negocio de Fernando Medina, el golpeador de un empleado de Subway, tendría que haber hecho pública la forma en que se documentó el caso para que, en atención al nuevo reglamento de transparencia, la población viera colmado su derecho a la información y pudiera valorar por qué sí procede esta clausura y la de Calidra no.
¿Acaso esta clausura, de la que se informa en un comunicado de 245 palabras con siete fotografías, está motivada para aprovechar un espacio de protagonismo en la amplia cobertura que se le ha dado al caso en todo el país? ¿Qué tanto contribuye a localizar y sancionar la grave agresión que cometió el hoy prófugo de la justicia?
Tres ejemplos que muestran que esa nueva forma de ejercer el poder público que se suele ofrecer como compromiso de autoridades super comprometidas con la transparencia de dientes para afuera, aún está muy lejos de volverse una realidad.
