Por Victoriano Martínez
¿Qué tienen en común los 27 diputados del Congreso del Estado y el alcalde Enrique Galindo Ceballos?
Que están dispuestos a ningunear a un Juzgado Federal, anticipar una resolución que aún se encuentra en proceso para adoptarla conforme a sus intereses con el único objetivo de descalificar al Ayuntamiento 2018-2021 para justificar sanciones que la autoridad competente todavía no determina, pero que ellos anticipan a modo para satisfacer venganzas de politiquería.
El 18 de diciembre de 2021, por unanimidad, los diputados del Congreso del Estado determinaron sancionar al exalcalde Nava Palacios, a la exsíndico Alicia Vázquez y a un grupo de exregidores con inhabilitación para ocupar cargos públicos por periodos distintos por el presunto desacato a un amparo que aun hoy sigue sin ser calificado por el Juzgado Octavo de Distrito.
Los 27 diputados de la Legislatura que se revela como la más sumisa al gobernador del Estado en los últimos tiempos le cumplieron así a Ricardo Gallardo Cardona su propósito, anunciado un año antes, de “cobrar facturas”.
Una inhabilitación que se anticipó a la resolución del Juzgado que tendría que haber sido el punto de partida para aplicar o no la sanción, y que abrió dudas sobre la posible invasión de competencias por parte de los legisladores.
Desde entonces, Galindo Ceballos, con total falta de dignidad, mostró su deseo de sumarse a ese cobro de facturas y rápidamente salió a descalificar cualquier argumentación que el exalcalde pronunciara en su propia defensa.
“Le ayuda más quedarse calladito. Si el Congreso del Estado no hubiera votado por unanimidad, a lo mejor el exalcalde tendría algo de razón, pero todas las fuerzas políticas de San Luis Potosí votaron por su inhabilitación”, expresó.
A ocho meses, Galindo Ceballos por fin parece haber encontrado la vía para quedar bien con Gallardo Cardona y pretende reforzar la sanción aplicada por el Congreso del Estado, aunque al hacerlo se arriesgue a incurrir personalmente, e involucrar a los integrantes del Cabildo, en desvío de recursos públicos y otras faltas que podrían hacerlos acreedores a sanciones incluso penales.
Astrolabio Diario Digital dio cuenta este jueves de la firma de un convenio de Galindo Ceballos con el Ejido Rancho Viejo La Libertad en el que se compromete a pagar 12 millones de pesos por los terrenos presuntamente invadidos por la construcción de un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero, como supuesta reparación del daño.
Un reconocimiento del ayuntamiento actual de una presunta falta cometida por su antecesor, al grado de comprometer 12 millones de pesos del erario municipal en una reparación de un daño que aún no queda acreditado ante la autoridad jurisdiccional, pero que Galindo Ceballos se adelanta a prejuzgar con su firma en el convenio. Otro que ningunea e invade la competencia del Juzgado.
Por mera coincidencia, este mismo jueves, en la lista de acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito se da cuenta de la presentación de un oficio por parte del Registro Agrario Nacional (RAN) en el que acredita que el puente no invade las tierras del ejido Rancho Viejo La Libertad. Un elemento que es cuestión de días u horas para que se incorpore en el juicio tramitado en el Juzgado Octavo.
Resulta tan obvio el servicio politiquero de Galindo Ceballos al Ejecutivo estatal, que el propio Gallardo Cardona no tiene empacho en defender la postura del alcalde con un “puede utilizar su dinero conforme él lo crea conveniente“, como si no se tratara de recursos públicos y no existiera el riesgo de que incurra en desvíos.
Es tan obvia la actitud de Galindo Ceballos por complacer las intenciones politiquero-vengativas de Gallardo Cardona contra el exalcalde Nava Palacios que, lejos de justificar su acción con argumentos que antepongan la protección y preservación del patrimonio y la hacienda municipal, opta por calificar a quien le pregunta con un “hasta parecen su abogado”.
Una respuesta que se acerca más a una confesión por falta de argumentos y que, para los integrantes de la Comisión de Hacienda que hoy sesionarán para dictaminar si se autoriza al alcalde a comprar un predio que –según el RAN– ya es patrimonio municipal como bien de dominio público, tendría que constituir una alerta sobre posibles violaciones legales y las sanciones aplicables.
De entrada, podría ser una autorización que represente un desvío de recursos previsto en el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que además es sancionado por la Ley Orgánica del Municipio Libre en los artículos 42, 77 y 78 con medidas que van desde la destitución hasta inhabilitación para ocupar cargos.
“Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con arreglo a lo dispuesto en la legislación penal”, advierte el artículo 198 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
¿En que se podrían parecer los regidores de la Comisión de Hacienda y el resto una vez les llegue el dictamen que posiblemente autorice al alcalde la pretendida compra de un bien que en un juzgado federal parece estar en vías de ser considerado patrimonio municipal a los 27 diputados del Congreso del Estado y al alcalde Galindo Ceballos?
En que se sumarían a ningunear a un Juzgado Federal y a anticipar una resolución a modo para satisfacer venganzas de politiquería… sin importarles violar las leyes que los rigen.
