Por Victoriano Martínez
Desde que surgieron las leyes de transparencia y lo políticamente correcto es auto proclamarse transparente, lo que resulta más visible –paradójicamente– es la vocación por la opacidad de esos personajes de la politiquería mercadotécnica que confunden aparentar con transparentar.
Una opacidad que, al quedar expuesta, exhibe mucho más que la tendencia de esos personajes a trabajar de espaldas a la ciudadanía, al grado de abrir un amplio terreno sembrado de indicios sobre maniobras irregulares y hasta ilegales.
Como primera ventana a las ilegalidades en las que incurren, o al menos a la exhibición del poco respeto que le tienen a las leyes, lo que menos parece importarles al difundir información pública es cumplir los requisitos normativos relacionados con formatos abiertos que faciliten la consulta de los datos.
Todo lo contrario. Parecen buscar la forma en que la población desiste rápido de sus intentos por conocer información pública y, en caso de aventurarse a tratar de consultarla, se vea obligado a esfuerzos innecesarios y contar con capacidades sobre informática poco comunes.
Un mal generalizado con una Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) complaciente y hasta cómplice por llegar a ser partícipe de las mismas prácticas.
Con su programa estrella de seguridad pública y la adquisición de 92 patrullas, el alcalde Enrique Galindo Ceballos se adelanta a los resultados para aparentar eficiencia, cuando ni siquiera ha sido capaz de garantizar transparencia en el proceso de adjudicación de un contrato que debió ser licitado.
Una anomalía más en la administración pública que ejemplifica lo hasta aquí descrito sobre la politiquería mercadotécnica con la que se pretende hacer creer que se gobierna, cuando en realidad se administra una imagen tras la que se esconden fines burdamente recaudatorios.
La primer semana con PoliSía, reportaron que el número de detenciones por faltas como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o alterar el orden pasó de 60 o 65 a más de 200 en una semana.
Un dato que, si no se contrasta con la cifra que muestre que se redujo el índice de delitos en el mismo periodo, sirve más para confirmar que se lanzó a los policías a agotar sus blocks de infracciones y remisiones a barandilla para obtener comisiones en una suerte de mordida institucionalizada, con dudoso efecto en mejorar la seguridad pública.
Galindo Ceballos no sólo muestra incapaz de garantizar transparencia en la adjudicación del contrato, sino que da marcha atrás en la poca transparencia y borró del sitio Web del Ayuntamiento el documento con la escasa información sobre el contrato, que lo reveló como mentiroso al hablar de costo de las patullas. (Ver video de la consulta realizada la noche de este martes AQUÍ)
Si a borrar la poca información que se había transparentado se le agrega que ha prorrogado la respuesta a una solicitud de información para no entregar el contrato con el argumento de que se encuentra “en proceso de recabación de firmas y/o versión pública”(sic), no queda ninguna duda sobre la política de opacidad que aplica.
El archivo que borraron fue descargado por Astrolabio Diario Digital el 25 de enero. Para descargarlo desde nuestro sitio Web de clic AQUÍ. En la fila 271, columna AL, podrá confirmar que la vigencia del contrato inició el 26 de diciembre de 2021.
El oficio que prorroga la respuesta a la solicitud de información tiene fecha del 31 de enero y en él se afirma que el contrato está “en proceso de recabación de firmas y/o versión pública”(sic). ¿Desde cuándo un contrato adquiere vigencia sin firmas? ¿Desde cuándo elaborar una versión pública requiere más de un mes?
El caso es muy revelador de la burda simulación de transparencia que alcanza a descalificar documentos tan trascendentes como el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) aprobado este lunes al poner en entredicho los compromisos de apertura informativa que en él se enumeran como promesas sobre las que no existe disposición de cumplir.
“Transparencia Segura con apertura total y proactiva de la información” se ofrece en la página 21 del PMD pero ni la publicación del propio documentos la cumple: sólo es posible consultarlo en un visor de documentos PDF en el propio sitio Web, sin opción de descarga, y que dificulta hasta la lectura, al grado de tener que armarse de mucha paciencia para visualizar algunas páginas.
Una anomalía que exhibe una transparencia insegura con apertura limitada y, en consecuencia, incumple las características que exige la Ley de Transparencia para la difusión de información pública con datos abiertos.
Y eso que el PMD incluye un apartado denominado Gobierno Abierto y Transparencia en el que se establece como lineamiento “establecer una política Municipal de Datos Abiertos y Anticorrupción”.
“Cumplir con las solicitudes de información pública de la ciudadanía no solo a tiempo, sino también con calidad en la atención”, es otro de los lineamientos del PMD que la infundada e inmotivada prórroga para evitar entregar el contrato de arrendamiento de las patrullas echa por tierra.
Cada paso que se da para intentar ocultar información pública hace más evidente la opacidad de la autoridad, pero también fortalece los indicios sobre maniobras irregulares y hasta ilegales que, desafortunadamente, las instancias que deberían revisar, calificar su gravedad y tomar medidas correctivas se mantienen en una inacción cómplice.
