Por Victoriano Martínez
Si algo saben los presidentes municipales que confunden ese cargo con una precandidatura es que pueden violar la Constitución con su promoción personalizada porque, a lo más, podrían ser sancionados con una multa mínima y, si el tribunal confirma la falta, el órgano sancionador será omiso y al final prevalecerá la impunidad.
Los últimos seis alcaldes, incluido Enrique Galindo Ceballos, han distorsionado su función como presidentes municipales al someter el cumplimiento de sus obligaciones a cálculos de tipo electorero.
Sus acciones de gobierno pasaron por el tamiz del impulso a una potencial candidatura para la siguiente elección a tal grado que, antes que determinar obras por su importancia para resolver problemas de la comunidad, se decidían por el potencial impacto ante la población para generar simpatías y adeptos, y se les dotaba de una estrategia de publicidad.
Jorge Lozano Armengol no logró su soñada segunda postulación panista por la gubernatura; Victoria Labastida Aguirre se tuvo que conformar con ser candidata a senadora derrotada; Mario García Valdez se quedó con su corazoncito late y late por ser candidato del PRI a gobernador; Ricardo Gallardo Juárez probó la derrota en su intento reeleccionista, y Xavier Nava Palacios se vio obligado a emigrar a Morena para una campaña perdedora por su reelección.
Lozano Armengol, Labastida Aguirre y García Valdez, a pesar de su permanente promoción personalizada violatoria del artículo 134 constitucional, aparentemente lograron cierta prudencia y se ajustaron a los límites para la promoción de sus informes anuales… o al menos no exhibieron una promoción ex temporánea o extraterritorial sancionable.
Gallardo Juárez fue el primer alcalde que enfrentó una denuncia por promoción de su informe anual de actividades fuera de tiempo.
La Ley Electoral estatal, en su artículo 347, autoriza a las autoridades electas a violar el artículo 134 constitucional con motivo de los informes anuales en los siete días previos y los cinco posteriores a su presentación.
Gallardo Juárez y su equipo calcularon mal los tiempos: presentó el segundo informe al Cabildo el 26 de septiembre de 2017, pero hizo el acto público y masivo el 28. Convenientemente tomaron la segunda fecha para tomarse los cinco días de promoción violatoria de la Constitución y cayeron en falta al rebasar los cinco días permitidos.
El 13 de noviembre, el PAN presentó la denuncia ante el Consejo Estatal Electoral que abrió el Procedimiento Especial Sancionador PES-01/2017 y lo turnó hasta el dos de abril de 2018 al Tribunal Estatal Electoral, que determinó que el Congreso del Estado debía sancionar al exalcalde. Nada pasó.
“El Tribunal le pide al Congreso como autoridad superior emita la sanción (…) el Congreso decide que no tiene los elementos y lo regresa al Tribunal”, informó el entonces presidente de la Comisión de Justicia, Rubén Guajardo Barrera. “Lo que se acordó es regresar esta sentencia para que ellos sancionen o nos digan cómo debemos sancionar”, dijo.
Cualquier semejanza con otro proceso sancionador en contra de otro Gallardo, hoy gobernador, es mucho más que mera coincidencia.
También por su segundo informe, pero en su caso por promocionarlo fuera del territorio del municipio de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios fue denunciado en 2020 por Alejandro García Moreno y el PVEM. Se le acusó por promocionar el informe en territorio de Soledad de Graciano Sánchez y en un medio con circulación e influencia en la zona Huasteca.
El caso siguió la misma ruta que el de Gallardo Juárez y terminó con la confirmación de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la determinación del tribunal local que turnó el expediente para ser sancionado… al Congreso del Estado. La misma ruta, el mismo resultado: nada pasó.
Hoy el alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoce abiertamente que desde el pasado 11 de agosto inició una campaña abierta rumbo al primer informe, con mensajes en redes sociales, desplegados de prensa y hasta espectaculares, y señala como probable fecha para la presentación del documento el 24 de septiembre.
O la expresión de Galindo Ceballos fue la de una candidez cargada de ignorancia, o de plano la expresión del grado de cinismo con que se atreve a violar la Constitución a sabiendas de que no existen consecuencias. Finalmente, con su campaña permanente desde que inició en el cargo ha mostrado que la prohibición constitucional no le ha importado.
Peor aún. El diseño y programación de una campaña con las etapas que deja ver por la forma en que se ha comenzado a desplegar muestran una acción concertada por todo un equipo de asesoría y propaganda que constituyen una agravante a la violación constitucional, con el desvío de recursos económicos y humanos que implica.
Claro, lo hacen porque pueden. Y pueden porque saben que hay impunidad: el Consejo Estatal Electoral como garante de los derechos políticos fuera de periodos electorales se vuelve un fantasma, y si el caso llegara al Congreso del Estado como organismo sancionador, garantizado tienen que no pasara nada. ¡Bendita impunidad!
