Alejandro Rubín de Celis
No le quedó otra más que aplaudir de manera forzada, con desgano y frustración, tenía que hacerlo o su fracaso sería aún más evidente si no hubiese aplaudido. En el marco de la celebración del 108 aniversario de la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba el envío de dos reformas constitucionales al Congreso de la Unión, una contra la reelección y otra para evitar el nepotismo en cargos de elección popular. El rostro de Ricardo Gallardo Cardona estaba desencajado.
No se sabe si ya tenía conocimiento o no en ese momento, pero la iniciativa presidencial, que ya fue recibida en el Senado de la República como cámara de origen, contiene un candado que ya no deja lugar a dudas de que el gobernador no podrá imponer a su esposa Ruth González Silva, ni a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, para que alguno de ellos lo suceda en el cargo.
La adición del inciso “c)” al párrafo primero del artículo 116 de la Constitución mexicana, es demoledora para el antidemocrático propósito del mandatario potosino. Dice que no podrá ser gobernadora o gobernador, “La persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la gobernatura”. (Iniciativa de reforma constitucional, página 29).
El segundo artículo transitorio del proyecto de decreto establece que la reforma es aplicable a partir de 2027 tanto para elecciones federales como locales.
En círculos políticos, portales electrónicos y medios informativos tradicionales corrió durante meses la versión de que, si la reforma le prohibía a Gallardo que su cónyuge lo supliera por la vía electoral, él habría pensado, o sus asesores se lo habrían sugerido, divorciarse por motivos políticos y no sentimentales, con tal de lograr un maximato que al menos le durara hasta 2033.
Pero el enunciado “que tenga ‘o haya tenido’ en los últimos tres años anteriores al día de la elección…” cierra cualquier posibilidad de que la también presidenta del DIF estatal lo pueda relevar, lo mismo que el fragmento relativo a la consanguinidad, en el caso de su progenitor, que actualmente es diputado federal.
Mediante el uso de instancias oficiales, programas gubernamentales y recursos públicos, Gallardo Cardona logró hacer senadora a su esposa (en una clara traición a la alianza del Verde con Morena, al dejar a su suerte a la dirigente estatal del partido guinda, Rita Ozalia Rodríguez, que también aspiraba al Senado) y diputado federal a su padre, con la mira puesta en la sucesión gubernamental. Instruyó a colaboradores y se apoyó en presidentes municipales para que González Silva apareciese en cuanto evento público relevante y concurrido organizara el gobierno estatal en distintos municipios del estado… pero el cálculo le falló.
El gobernador minimizó el enorme daño que la reforma constitucional en curso le hace a su proyecto caciquil, al declarar: “Escuché muchos rumores de que si nos afecta, ¡no nos afecta nada, para nada!”, y agregar que para relevarlo en la gubernatura “el problema radica en que nuestros opositores, la maldita herencia, la oposición; en nosotros, el partido Verde, solo ve un candidato. Nosotros tenemos diez candidatos listos para ganar el veintisiete”. ¿De verdad?, ¿Cómo quién o quiénes? Como J. Guadalupe Torres que fue señalado de viva voz por su entonces colega diputado, Enrique Flores, por formar parte de un esquema de limpieza de cuentas públicas municipales a cambio de moches. O como Ignacio Segura Morquecho, a quien le detectaron un desvío de 15 millones de pesos de las arcas del PRD, cuando fue dirigente estatal de ese partido, caso en el que también estuvo involucrado otro que seguramente está entre sus 10 candidatos, José Luis Fernández Martínez, el chiquis, actual diputado local. O quizá otro de ellos sea Gilberto Hernández Villafuerte, alejado de tierras potosinas desde hace más de tres años (y contando) como legislador del Congreso de la Unión, quien únicamente presentó dos iniciativas en más de dos años como diputado federal, y que ha resultado un gris senador que ha sido relegado en comisiones por sus pares por su falta de participación en esos espacios.
En la misma declaración ante la prensa, Gallardo Cardona también quiso distraer la atención del asunto central que a él le afecta, al señalar que lo que más se debe evitar es el nepotismo por designación y no para quienes lo ganan en las urnas, Dijo: “Yo creo que es algo que nos ha faltado mucho, sobre todo en todos los cargos de elección popular, donde la gente llega a un puesto y mete a todos los parientes, ¿no?
Solo que suceda algo extraordinario de aquí al 30 de abril en que concluirá el periodo ordinario de sesiones en curso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, podría cambiar o anular este demoledor inciso “c” para Gallardo Cardona, en la discusión y análisis en comisiones de la reforma constitucional, y en la votación en el pleno, lo que se antoja casi imposible con las mayorías que tiene la presidenta Sheinbaum en el Congreso de la Unión y la prisa que tiene, y se nota, porque estas reformas se aprueben a la brevedad.
Circula la versión de que, como plan B, el mandatario estatal ya había considerado tiempo atrás la opción de lanzar a su esposa como candidata a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Para ella no tiene más opciones relevantes que esa y, si ganara la elección, aspirar a la gubernatura tres años después, o dejar que se quede en el Senado hasta 2030, cuando ya la gallardía habrá perdido, seguramente, buena parte de la fuerza política con la que cuenta actualmente.
El escenario político para el gobernador de cara al 2027 es sumamente complejo y peligroso. Ya ha declarado que “seguramente” su partido, el Verde, irá en alianza con Morena y el PT (sabe que como están las cosas en este momento, la decisión de que el Verde contienda en solitario con candidato propio sería un suicidio político). No goza de la simpatía de la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien le ha causado significativos agravios, como para buscar una negociación que encabece un candidato o candidata del Verde a la gubernatura del estado. Por más que diga que tiene 10 buenas cartas para esa elección (lo cual es bastante dudoso), el peso político que en este momento tiene Rosa Isela Rodríguez, segunda al mando del gobierno federal en su calidad de secretaria de Gobernación, la hace casi una candidata natural para obtener la postulación por una coalición entre Morena, Verde y PT, y más si se trata de la principal colaboradora de la presidenta de la República.
Otro gran obstáculo que tendría que librar si el origen de la candidata o candidato de esa alianza es morenista y gana la elección, es la posibilidad de que el nuevo gobierno haga una investigación en su contra, ante los ofensivos niveles de opacidad y derroche en el uso de los recursos públicos, y eventualmente por los delitos de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Tan solo el ocultamiento del destino de 3 mil 646 millones de pesos no entregados por su gobierno a la Dirección de Pensiones, de acuerdo a la última acta que publicó la Junta Directiva de esa institución, con corte al 29 de mayo de 2024, sería motivo suficiente para abrir esas indagatorias, y que pudiera ser sólo la punta del iceberg en cuanto a irregularidades y malos manejos del erario hasta el término de su gobierno.
Otro inconveniente para él es que Morena realiza discretamente trabajo de base. Una fuente que participa directamente en ese proceso informó que desde mediados de 2023, cuando Claudia Sheinbaum era todavía precandidata a la presidencia de México por su partido, se percató de la raquítica base militante morenista en San Luis Potosí y reunió a un grupo compuesto por varios liderazgos provenientes de distintos lugares del país para contribuir al fortalecimiento del trabajo territorial. La fuente afirma que el trabajo es silencioso pero efectivo.
Uno más de sus problemas rumbo al 2027 es que muchos de sus ahijadas y ahijados están desencantados al darse cuenta de las cantidades multimillonarias que gasta del erario en contratar cantantes, grupos musicales y realizar fastuosos eventos, cuando la mayoría de la población carece de obras y servicios básicos o inmediatos, y al ver que subió excesivamente el costo del control vehicular. La frase de uno de sus seguidores en redes sociales es representativa de este malestar: “nos vemos en las elecciones de 2027”, le escribió.
Es muy posible que en menos de tres años inicie la caída del gobernador todopoderoso (y la gallardía en su conjunto), el que controla por completo al Congreso del Estado, el que suma a base de presiones a presidentes municipales de otros partidos para que se afilien al Partido Verde; el que pisotea la dignidad, cada vez que encuentra oportunidad, a un alcalde sumiso; el que derrocha fondos públicos para cumplir sus caprichos y manipular y distraer a la población con costosos espectáculos.
El que regatea recursos que corresponden a sindicatos y jubilados por miles de millones de pesos sin que se sepa a donde van a parar; el que menosprecia a la universidad más importante de San Luis Potosí escamoteándole recursos ante un rector que no ha sabido o no ha querido llamar a la comunidad universitaria a que haga valer su autonomía para que cesen los abusos; el que oculta buena parte de la información que está obligado por ley a proporcionar a los ciudadanos, que casi nada saben sobre costos, licitaciones y empresas beneficiadas de obras tan costosas como inútiles como la Arena Potosí.
¿Será, pues, que asistimos al principio del fin de la gallardía como el grupo de poder que tanto ha dañado a la sociedad potosina?
Hagamos votos porque así sea.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
