Por Victoriano Martínez
Con la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Ricardo Gallardo Cardona completó el ciclo de reverencias locales que lo acercan a asegurar su llegada a la gubernatura del Estado el próximo 26 de septiembre, pero no tanto como él quisiera: le resulta incómodo que la sentencia local sea revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Su rally para colectar respaldos comenzó en las propias instalaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el domingo 13 de junio, cuando avasalló a la autoridad electoral y la entrega de la constancia de mayoría se dio en un acto que fue una prolongación de su campaña, con los consejeros electorales como meros invitados.
A partir de ahí, todo fue lograr una narrativa en la que aparece –a golpe de difundir al máximo la avenencia de distintos sectores y actores políticos– como el protagonista vencedor indudable de la elección de gobernador.
Los alcaldes electos, los membretes empresariales, la jerarquía eclesiástica, el gobernador Juan Manuel Carreras… fueron los actores políticos locales más cacareados. La entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un momento político cumbre, pero nada como lograr que el TEE resolviera a su favor.
Seguro el TEE recibió presiones de quienes impugnaron la elección y hasta del gobernador Juan Manuel Carreras López, pero está claro que las gallardistas pesaron más.
Sólo los tres integrantes del TEE –y sus más cercanos– saben de las presiones que enfrentaron para favorecer, a 26 días de concluir el plazo para su resolución, a Gallardo Cardona, aun sin contar con un dictamen definitivo sobre la fiscalización de los gastos de campaña por parte del INE.
Si bien hubo un dictamen general sobre todos los candidatos participantes en las pasadas campañas locales, el INE amplió el plazo para robustecer su siguiente dictamen y realizar una investigación más exhaustiva sobre cuatro quejas relacionadas con el gasto de Gallardo Cardona en su campaña.
Con ese antecedente, la sospecha sobre la actuación de los integrantes del TEE se abre en tanto su argumento para descartar el rebase a los topes de campaña es el dictamen consolidado general sin esperar el específico sobre Gallardo Cardona.
Elemento adicional de la sospecha es la coincidencia entre ese argumento usado por el TEE y el presentado por Gallardo Cardona en el videíto que publicó en su cuenta de Facebook el 23 de julio, al día siguiente de que el INE acordó investigarlo más exhaustivamente, y que se replica por sus seguidores.
Si los integrantes del TEE hubiesen revisado un poco el dictamen consolidado sobre todas las campañas locales, se habrían percatado que a la coalición PT-PVEM la sancionaron por 60 faltas por las que señalaron inconsistencias sobre el manejo de 18 millones 208 mil 930.16 pesos, equivalentes al 94.73 por ciento de lo que Gallardo Cardona reportó haber gastado.
El INE le aplicó a la coalición PT-PVEM multas por 4 millones 56 mil 74.13 pesos entre otras cosas, por no haber reportado gastos que las inspecciones del INE le detectaron. Se trata de uno de los señalamientos de la coalición Sí por San Luis en los que basan su argumento de que rebasó los topes de campaña.
La validación por parte del TEE –‘haiga sido como haiga sido’, diría un ex presidente– cierra el expediente local que tenía que completar Gallardo Cardona, y vuelve más acorde su posición para protagonizar, en Palacio de Gobierno, las instalación de las comisiones de entrega y de recepción.
Gallardo Cardona y Carreras López se ajustan, con 13 días de anticipación, a la fecha límite para iniciar los trabajos de la entrega-recepción, y así cumplen con los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción.
Un proceso que, por iniciado, su curso hasta buen fin aún tiene que pasar por la determinación del INE sobre las cuatro quejas en investigación, y por la sentencia del Tribunal Electoral Federal, aunque le ofenda a Gallardo Cardona que sus opositores recurran a esa instancia, como ya anunció Octavio Pedroza Gaitán.
La del Tribunal Electoral Federal sí es la sentencia definitiva y quienes así lo entienden y aún señalan que la elección no está totalmente definida, simplemente se atienen al procedimiento que establece la normatividad electoral, que es muy claro. Pretender hacer creer que la elección está concluida es tratar de engañar a la población.
Promocionar a los cuatro vientos el inicio del proceso de entrega recepción como si la definición del nuevo gobierno ya fuera un hecho consumado pierde de vista que esas acciones no dejan de estar supeditadas a la determinación final del TRIFE, que podría hacer necesario aplicar el tercer párrafo del citado artículo 17, que dice:
“Cuando por resolución judicial se modifique el resultado de la elección de un servidor público, teniendo como efecto la elección de otro, la autoridad saliente dentro de los cinco días naturales siguientes a que tenga conocimiento de la resolución, tendrá la obligación de proporcionarle toda la información relativa a la integración del expediente de entrega recepción”.
La reverente resolución del TEE no evita que Gallardo Cardona, muy a su pesar, avance hacia su protesta como gobernador con la duda –aunque le ofenda– sobre lo que vaya a resolver el Tribunal Electoral Federal, que legalmente es el que tiene la última palabra.
