Por Victoriano Martínez
Cuando el 26 de septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Cardona estrenó el mote de herencia maldita para referirse a todo lo relacionado con los gobiernos anteriores y sus inmensos actos de corrupción, abrió la expectativa de grandes revelaciones sobre desvíos de recursos, no sólo con una exhibición documentada de innumerables corruptelas, sino con una larga lista de exfuncionarios sancionados.
Sólo cuatro exfuncionarios han sido vinculados a proceso y por delitos cuyo monto recuperado a la fecha es de 24.7 millones de pesos y sin una expectativa por recuperar mucho más.
La exsecretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, fue liberada tras reintegrar 22.4 millones de pesos; el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, obtuvo su libertad tras reintegrar 2.3 millones de pesos; se menciona que, en el caso del extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la reparación del daño iría de los 17 a los 22 millones de pesos.
El cuarto vinculado a proceso es Miguel Ángel N, también extitular de la Secretaría de Salud, cuyo proceso ha sido cuestionado ante la justicia federal con algunos reveses cuya presunta corrección aún mantiene en duda su procedencia.
Comparados con la expectativa generada en el discurso inaugural del sexenio en la Plaza de los Fundadores, los resultados más bien podrían conducir a la conclusión de que lo que Gallardo Cardona llamó herencia maldita realmente no estaba tan maldita, y la estridente expresión no es más que una mascarada propagandística engaña bobos… comenzando por él mismo.
Y no es que se pueda pensar que en el sexenio anterior no hubo corruptelas porque incluso durante su desarrollo algunas fueron señaladas, tanto por obra como por omisiones… sobre todo por la incongruencia de Juan Manuel Carreras López de abanderar desde su propio discurso inaugural la bandera anticorrupción y haber obstruido esa lucha durante sus seis años.
Como mascarada propagandística, el mantra herencia maldita suele formar parte de un ritual declarativo al que se le pretende dar fuerza como pretexto para responsabilizar al pasado de lo que hoy no han logrado hacer funcionar, justificar lo que les haya salido mal… o simplemente para no perder la clientela de su atole “eran re-malos y nosotros re-buenos”.
Un ritual que confía y hasta hoy cuenta con una fe ciega para provocar escándalos sobre presuntos actos específicos de corrupción por el simple hecho de que el mandatario concluyó que algo se robaron o se le ocurrió que algún beneficio obtuvieron, pero sin preocuparse por documentar y demostrar efectivamente cómo se cometió el posible ilícito.
Ser el gobernador y como tal el personaje con el mayor acceso a las pruebas documentales de todo lo ocurrido en la administración pública actual y las anteriores no otorga patente de corso para que sus dichos sean tomados en automático como ciertos, porque la mayor prueba de que efectivamente lo son sería que los responsables fueran sancionados.
Compras infladas de papelería y material de limpieza, Presa El Realito, una porquería de número de emergencia 911, exsecretarios de Finanzas favorecidos por Banorte… son las más recientes revelaciones de la corrupción etiquetada como herencia maldita sin que ninguno de esos casos haya sido acompañado de una acción concreta para que se haga justicia.
Lejos de ver en esos casos la consecuente acción justiciera, lo más notorio –al menos en los dos últimos de esos cuatro– es lo efectistas sin sustento que resultan las declaraciones de Gallardo Cardona… como ha ocurrido con muchos otros en los 18 meses que está por cumplir como mandatario.
La porquería del número de emergencia 911 y la llamada de prueba hecha por Gallardo Cardona que no fue respondida cuestionan, antes que a la herencia maldita, a su propia administración que el pasado mes de diciembre actualizó y dio mantenimiento a los equipos.
No lograron hacer funcionar el servicio 911 y el mantenimiento les salió mal, pero lo más fácil fue protegerse en su mascarada propagandística, aunque hayan escupido hacia arriba.
Denunciar públicamente que Banorte mantiene en puestos directivos a hijos de exsecretarios de Finanzas sin señalar los casos específicos (o al menos contar con esos datos) deja abierto un riesgo que ya se le hizo efectivo: un desmentido tan rotundo como el hecho por Daniel Pedroza Gaytán y una exigencia de una disculpa pública por calumniador.
Lejos de las esperadas y posibles denuncias documentadas sobre grandes corruptelas, Gallardo Cardona acumula señalamientos inconsecuentes o en falso que merman su credibilidad, aunque no en la forma acelerada en que podría darse por la contención que logra con su mascarada propagandística.
Aún así, hay un efecto que no puede evitar su mascarada: qué mayor protección para quienes hayan incurrido en actos de corrupción en la pasada administración que ser acusados por quien cada vez se vuelve menos confiable y creíble… y además no actúa en consecuencia.
El resultado es el mismo que en el sexenio de Carreras López: la lucha anticorrupción vuelve a ser una simulación, aunque, si antes fue por la vía de un gobierno gris con nulo protagonismo, hoy se hace desde la estridente propaganda justiciera que encubre la impunidad. En el fondo, son lo mismo.
