Por Victoriano Martínez
Si algo ha sido característico del papel de Ricardo Gallardo Cardona a partir del día siguiente de las votaciones del 6 de junio es su urgencia por ser reconocido plenamente como próximo gobernador.
En 77 días pasó de exigir que le entregaran la constancia de mayoría cinco días antes del plazo legal a un tour con cuanto funcionario federal ha logrado que lo reciba, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en primer término, y cuanto personaje público local le sirva de aval –membretes empresariales incluidos.
“Hoy ya se contaron los votos y dicen todas las actas que ya ganamos, ahora solamente esperar que nos entreguen la constancia y la vamos a esperar primeramente dios mañana que es cuando debería de ser, pero ya saben que la presidenta dice que no, pasado, pasado, se la quiere llevar pateando el bote, pero no lo vamos a permitir”, dijo el 7 de junio en la Plaza de los Fundadores.
Para su urgencia de reconocimiento, los términos legales se han vuelto un fastidio que se aplaza, como cuando el 22 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) regresó a la Unidad de Fiscalización el dictamen sobre irregularidades en sus gastos de campaña para profundizar de manera exhaustiva en cuatro quejas pendientes de resolver.
Aunque en el ámbito local libró la eventualidad de una posible anulación de la elección por los juicios de nulidad interpuestos por la Coalición Sí Por San Luis con la determinación de tres magistrados bajo presión, esperar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) diga la última palabra mantiene viva la urgencia de un reconocimiento inapelable.
Si oficialmente no se han pronunciado ni el INE ni el TRIFE, a Gallardo Cardona y su equipo sólo les queda proyectar la imagen de quien ya es seguro próximo gobernador y con ese carácter es recibido y reconocido, por ejemplo, hasta por el máximo jerarca de la Iglesia Católica en dos ocasiones, aunque en la imagen de la segunda vez se le haya visto una pose más bien de tomar distancia.
El retiro del PRI de la impugnación contra la sentencia del Tribunal Estatal Electoral que desechó los juicios de nulidad interpuestos originalmente por la Coalición se inscribe más en las maniobras que por todas las vías ha puesto en marcha la gallardía, cual si reunieran piezas de un rompecabezas para armar al Pigmalión en la comunidad.
Tratar de impulsar públicamente el poder de las expectativas con el tour ante personalidades federales y locales, con adelantar posturas al grado de que el vocero del Arzobispado exprese que aún no es su tiempo y “debe dejar trabajar a quienes están ahorita trabajando”, y sumar el desistimiento priísta, sólo alimenta las sospechas de otro tipo de maniobras ocultas y otras no tanto.
El señalamiento de Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal panista, sobre la actuación de Elias Pecina por órdenes del gobernador Juan Manuel Carreras López y de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, son indicio claro de la vía por la que se ejercieron las presiones.
No hay que olvidar la amenaza pública de Ricardo Gallardo Juárez el 7 de junio contra Carreras López y Laura Elena Fonseca Leal, presidenta del CEEPAC, quien también recibió advertencia velada del propio Gallardo Cardona –“se la quiere llevar pateando el bote, pero no lo vamos a permitir”–, dan cuenta de lo que hay detrás de los actos públicos.
Las advertencias presuntamente justicieras a partir del manejo que da a la información a la que tiene acceso su comisión de recepción dan cuenta de lo mismo: el uso mediático efectista para los fines propios con claros tintes de chantaje que podrían terminar en cacerías de brujas con impunidades pactadas con aquellos que se alineen a sus fines.
El único efecto del retiro del PRI de la impugnación y continuidad del juicio de nulidad ante el TRIFE es mediático. Los hechos que tendrá que valorar el Tribunal no se modifican con su retiro, ni los elementos que surjan de las investigaciones pendientes en la Unidad de Fiscalización del INE cambian, así le lleguen a ser favorables a Gallardo Cardona.
Como desde la tarde del 7 de junio, lo que resulta una constante son las maniobras impulsadas por la urgencia de la gallardía por solidificar su expectativa de un reconocimiento total e inimpugnable al triunfo de Gallardo Cardona en la elección de gobernador, hoy todavía no resuelto por la última instancia.
