Abelardo Medellín
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su administración deben explicar cómo consiguieron y a dónde se canalizaron los supuestos 150 millones de pesos que habría devuelto la exsecretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, por concepto de reparación del daño tras ser acusada de fraude, de acuerdo con Guadalupe González Covarrubias, representante de la organización civil Ciudadanos Observando.
A través de sus redes, la organización difundió esta semana que el gobernador Gallardo Cardona había afirmado en una reciente entrevista que Mónica Rangel había regresado 150 millones de pesos, pese a que las pruebas existentes sobre el caso apuntan a una realidad distinta.
El integrante de Ciudadanos Observando recordó que han seguido de cerca el tema del desfalco y el fraude al interior de los Servicios de Salud durante el sexenio pasado y “nosotros no tenemos conocimiento de esa devolución, porque la única sentencia es por 22 millones de pesos, si existe la devolución de más dinero pues nadie lo conocía”.
González Covarrubias explicó que, gracias a una solicitud de información, se obtuvo acceso a la sentencia RI/SLP/CP-211/2022 referente al caso de Mónica Rangel, en la cual se señala lo siguiente:
“Para concretar la malversación de más de 22 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Salud por parte de la extitular de esa dependencia, Mónica Rangel Martínez, estuvieron múltiples traslados, en cajas de huevo, del efectivo que un directivo de la empresa involucrada en el ilícito devolvió a la exsecretaria, mismos que ocurrieron en la sede de la dependencia y en el domicilio particular de la también excandidata a la gubernatura. El testimonio de un testigo involucró en esos movimientos al esposo de Rangel Martínez”.
De igual manera, la organización ha precisado que mientras la sentencia contempla una afectación al erario y una posterior reparación del daño por 22 millones de pesos, el Gobierno del Estado ha publicado boletines donde afirma que se compraron ambulancias con el dinero devuelto, cuyas adquisiciones ascienden a 52 millones de pesos.
De acuerdo con Gonzáles Covarrubias, para que el gobernador Gallardo Cardona no pierda credibilidad, el mandatario está obligado a presentar documentos oficiales de las denuncias donde se establece que el daño al erario fue de 150 millones de pesos o que comprueben la devolución de esa cantidad.
“Ponemos en duda esto hasta que no se muestren los documentos de cómo entró ese dinero al Estado, porque las cifras definitivamente están completamente fuera de sí (…). Si no hay transparencia y no sabemos, pues no hay pruebas de cómo se lo gastaron”.
De igual forma, el representante de Ciudadanos Observando insistió en que las afirmaciones del gobernador en las entrevistas recientes no cuadran con los datos contenidos en la sentencia, que apuntan a una reparación del daño de 128 millones de pesos menor a la difundida por el mandatario estatal.
