Fernanda Durán
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) señaló que mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona genera un “circo mediático” con la detención de funcionarios de segundo y tercer nivel, mantiene vigente un pacto de impunidad con sus antecesores, Juan Manuel Carreras López, Fernando Toranzo Fernández y Marcelo de los Santos Fraga.
Al calificar a los exgobernadores como los responsables históricos de la crisis del fondo de Pensiones, exigieron que los denuncie, investigue y detenga.
En rueda de prensa, el sindicato reprochó que el mandatario incluso evade su responsabilidad directa por aumentar el adeudo del Ejecutivo con la Dirección General de Pensiones al retener, presuntamente de forma ilegal, las aportaciones del siete por ciento del sueldo de cada trabajador.
Además, el SITTGE denunció que ahora, mediante campañas mediáticas de desprestigio, el titular del Ejecutivo estatal quiere responsabilizar a los sindicatos del robo que él comete al no entregar las aportaciones que descuenta a los trabajadores, y negarse a dar la aportación patronal, cuando tal Sindicato no participa en la Junta Directiva de Pensiones, que es la que decide el destino de los recursos y cuyos integrantes son impuestos por él.
“Sí está agarrando a siete que tiene presos, a lo mejor sí son responsables, pero el mayor responsable es el gobernador, porque hay una Junta Directiva y esa no la ponen los trabajadores, y nosotros desde el 2014 hemos señalado al SUTSGE porque es tapadera y cobija de este robo que hicieron a los trabajadores cuando se metió el dinero a empresas extranjeras y a centros de apuestas, donde se perdieron 3.5 millones de dólares y nadie regresó el dinero. En esta ocasión el Gobierno debe 2 mil 500 millones de pesos Pensiones sin que se sancione al responsable, que es Gallardo Cardona”, manifestó la secretaria de Tesorería y fundadora del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara.
Por su parte, la secretaria general del SITTGE, Ana Verónica López Chávez, refirió que ha sido el único sindicato que denunció penalmente el desvío de recursos del fondo en diciembre de 2016 ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con la averiguación CDI/PGJE/SLP/ZC/15948/2016 y registro único RU SLP-2016-021130, por delitos cometidos por el exgobernador Fernando Toranzo Fernández; su secretario de finanzas, Jesús Conde Mejía; integrantes de la Junta Directiva de Pensiones e implicados.
No obstante, en septiembre de 2018 la PGJE determinó no ejercer acción penal contra los denunciados y un tribunal federal sobreseyó la denuncia, por lo que el robo de 1.3 millones de dólares señalado también contra el exdirector de Pensiones, Oziel Yudiche Lara y la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), Bernardina Lara Argüelles, entre otros, quedó sin castigo.
La secretaria general detalló que el dinero del fondo estatal de pensiones no está conformado por recursos estatales o federales, sino es dinero de las y los trabajadores, por lo que los quebrantos financieros de 2016 y 2024 dañan sus derechos laborales, al dejar sin pensiones a jubilados.
Ante ello, López Chávez ofreció al gobernador entregar la información de la investigación que realizó el Sindicato para que reabra la denuncia que presentó el SITTGE, o enriquezca el proceso actual a fin de que sancione a sus antecesores por robarse el recurso de las pensiones estatales.
En cuanto a los siete involucrados en el presunto fraude de 200 millones de pesos en la Dirección de Pensiones, mencionó “se trata de funcionarios menores que carecen de poder de decisión al interior de tal entidad gubernamental, es decir, recibían instrucciones de sus superiores, no se mandaban solos en el manejo de los dineros, como [Gallardo Cardona] quiere hacerlo parecer hoy”.
