Redacción
Nuevamente el gobernador electo de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo Cardona, aparece en la primera plana del periódico Reforma; en esta ocasión el medio publica que, durante los últimos 10 años, su familia y empresas ligadas a él, adquirieron 19 propiedades con un valor total de 58.6 millones de pesos, sin reportar dichas operaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, durante este mismo tiempo, estas personas vendieron 15 propiedades por 32.5 millones de pesos. Estas operaciones probablemente estén bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al no coincidir con sus declaraciones anuales ante SAT, “por lo que se desconoce el origen de los recursos con los que fueron realizadas”, suscribe Reforma.
Según Reforma, en 2016, Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador electo de SLP, adquirió un inmueble por 7.7 millones de pesos en la colonia La Constancia, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; en este mismo año declaró ingresos por solo 1.6 millones de pesos.
En 2018, Gallardo Juárez vendió un terreno urbano habitacional en la colonia La Constancia, a la empresa Servicios y Suministros de la Zona Media, por la cantidad de 17 millones de pesos, sin embargo, en su declaración al SAT solo reporta ingresos por 375 mil pesos.
Por otra parte, María del Pilar Cardona Reyna y Ruth Miriam González Silva, madre y esposa de Ricardo Gallardo, adquirieron una casa en Privadas del Pedregal por 6.6 millones de pesos. A pesar de haber desembolsado dicha cantidad, María del Pilar reportó ingresos por cero pesos en sus declaraciones anuales.
De igual forma, Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, hermana del gobernador electo, adquirió en 2016 un inmueble por 750 mil pesos en Privadas del Pedregal, pero solo reportó ingresos por 253 mil pesos.
La otra hermana de Ricardo, Candy Araceli, compró en 2019 una propiedad por 2 millones 960 mil pesos pagados de contado, sin haber realizado declaración anual ante el SAT.
Además, Reforma menciona que entre 2014 y 2018, mediante la empresa Tangamanga Andre S.A. de C.V., que tiene como accionistas a Ricardo Gallardo y su hermana Candy Araceli, se adquirieron cuatro propiedades con un valor conjunto de 25.2 millones de pesos.
Esta misma empresa vendió en 2016, un terreno urbano habitacional en La Constancia por un monto de un millón 512 mil pesos.
Reforma también señala a los accionistas de la empresa Grupo Axioma Kusuri de haber realizado operaciones que no coinciden con sus declaraciones anuales ante el SAT. Esta empresa ha sido proveedora de los Ayuntamientos donde los Gallardo han Gobernado (San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez).
En febrero de este año, Astrolabio Diario Digital publicó cómo Gallardo Juárez al frente de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), contrató a Grupo Axioma, empresa a la cual el organismo le transfirió 183 millones 657 mil 57.77 pesos entre 2015 y 2018, cantidad que representó el 98.46 por ciento de sus ingresos en ese periodo.
La investigación a la que Astrolabio tuvo acceso establece la posibilidad de que esta empresa haya sido creada “con la única finalidad de recibir recursos del organismo a efecto de desviarlos de su verdadero objetivo y en un determinado momento, hacerlos llegar a empresas relacionadas con la familia Gallardo Cardona”.
Posteriormente los recursos recibidos por Grupo Axioma provenientes del Interapas, fueron dispersados a diferentes empresas relacionadas con la familia Gallardo.
La investigación federal completa sobre el desvío de más de 700 millones de pesos de las arcas municipales de SLP y Soledad por parte de la familia Gallardo, puede ser consultada aquí.
Uno de los accionistas señalados por Reforma es Juan Carlos Negrete Ayala, director del Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad, quien en 2017, adquirió una casa por 3.3 millones de pesos y en ese mismo año vendió una casa por 1.8 millones de pesos, sin embargo, no ha presentado declaraciones fiscales desde 2014.
Negrete Ayala presentó una demanda de juicio de amparo, luego de que sus cuentas fueron bloqueadas por la UIF, al haber sido parte del desvío millonario del Interapas hacia Grupo Axioma.
En la red también se encuentra Juan Carlos Jiménez Rivera, quien en 2016 adquirió una propiedad en Villas de San Lorenzo por la cantidad de 3 millones 190 mil pesos; en ese año declaró ingresos por 9 mil pesos.
Otro más es Vicente Valeriano Céspedes Hernández, quien en 2018 adquirió una propiedad por 936 mil pesos en la colonia Lomas Primera Sección. A la vez, en 2019 vendió una propiedad ubicada en la Unidad Fidel Velázquez por 482 mil pesos, sin existir registros de sus reclaraciones anuales.
Otra accionista que no presento declaraciones anuales es María Elena Rodríguez Álvarez, que adquirió un terreno habitacional por un millón 600 mil pesos en Horizontes Residencial y posteriormente una casa en la colonia El Paseo, por un millón 615 mil pesos. También vendió tres propiedades.
Jesús Ernesto de la Maza Jiménez adquirió en 2013 una propiedad por un millón 390 mil pesos ubicada en Miravalle, también vendió dos terrenos y una casa. En 2014 y 2015 presentó su declaración anual en ceros, y de 2016 a 2018 reportó ingresos entre 72 mil y 79 mil pesos.
Este último, al igual que Juan Carlos Negrete, también promovió un amparo el 6 de mayo, luego del bloqueo de sus cuentas por parte de la UIF derivado de su participación en la triangulación de recursos del Interapas con Grupo Axioma y empresas relacionadas con Gallardo.
