Por Victoriano Martínez
El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se ha caracterizado por reaccionar a los reclamos que exigen apego a la legalidad y respeto a los derechos de la población –ambas acciones propias de una ciudadanía–, tanto en protestas públicas como por la vía de recursos jurisdiccionales, con una misma respuesta: la descalificación sin más argumento que señalar que son los mismos.
Y si efectivamente fueran los mismos –lo que es posible, y en caso de serlo los mostraría con una buena capacidad de convocatoria y movilización–, ¿los descalifica para que exijan apego a la legalidad por vías jurisdiccionales que les han dado la razón? ¿les quita los derechos ambientales, a la ciudad y otros, que son lo que reclaman?
Una respuesta de la autoridad que retrata a un gobierno que menosprecia la acción ciudadana y, al hacerlo, se exhibe dispuesto a romper con el Estado de Derecho por privilegiar sus caprichos, al extremo de escalar en la virulencia de sus respuestas, y llegar incluso a las amenazas públicas en contra de una ciudadana.
Si se observa la secuencia de hechos, desde que Gallardo Cardona no pudo hacer efectivo el ecocidio con los más de 800 árboles de la avenida Himno Nacional, hasta los casos de las obras en el Barrio de San Miguelito y la aún hoy frustrada municipalización de Villa de Pozos, la descalificación al reclamo ciudadano es una constante. Quiere súbditos, no ciudadanos.
Así, que la ciudadanía exija apego a la legalidad se convierte en “ganas de estar chingando”, y que un juzgado federal conceda una suspensión definitiva como en el caso de la municipalización de Villa de Pozos ocurre por gente que “se la pasa chingando al prójimo”.
Con tan elaborados argumentos y la amenaza pronunciada en declaraciones a la prensa por José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, resultan lógicos los pronunciamientos de las agrupaciones ciudadanas que advierten sobre la escalada en la violencia de la reacción gubernamental.
Sean los mismos o no en todos los casos, se trata de una reacción ciudadana que busca reivindicar derechos y el apego a la legalidad, lo que someten y es valorado por tribunales federales con resultados que ha molestado al grado de la ira al gobernador Gallardo Cardona y a sus principales colaboradores.
“Hemos combatido todos los amparos, ya se ganó el tema de San Miguelito, ya arrancamos con San Miguelito que también fueron ellos mismos los que lo hicieron, ya se reactivó, ahora estamos esperando ya la notificación”, expresó este viernes Gallardo Cardona, cual si pudiera reiniciar su caprichosa destrucción de los adoquines del barrio.
Tanto quiere ignorar la acción ciudadana que se quiere adjudicar como un triunfo suyo que se tengan que reanudar las obras en el Barrio de San Miguelito con apego a la preservación del patrimonio histórico y atención a los requerimientos de las personas con discapacidad, sin reconocer que fue la ciudadanía –con aval de la justicia federal– la que le impuso esas condiciones para trabajar.
Lo único cierto en su expresión es que efectivamente han combatido todos los amparos, pero el resultado hasta ahora ha sido que sus pretendidas acciones se deban apegar a la legalidad y al respeto de derechos ciudadanos.
Así ocurrió en la Avenida Himno Nacional, donde se impidió que se realizara una tala de árboles sin los estudios de impacto ambiental ni autorizaciones correspondientes, y se hico prevalecer el derecho de los habitantes de la zona, y los de toda la ciudad, a un ambiente sano.
El Juzgado Primero de Distrito en ningún momento está por imponer la voluntad de una sola persona contra el resultado del accidentado plebiscito, caracterizado por incumplir el principio de certeza. Lo que se encuentra en revisión en el juicio que apenas empezará el 16 de octubre es si se apega a la legalidad el procedimiento iniciado por el Congreso del Estado.
Si se observa con atención, lo que tienen en común esos tres casos citados es que el resultado tiene que ver con que los actos de la autoridad cumplan a cabalidad con las obligaciones jurídicas y respeten los derechos de la población.
La avenida Himno Nacional fue rehabilitada sin necesidad de un atentado ecológico; las obras de San Miguelito se realizarán sin necesidad de afectar el patrimonio histórico (para lo que la ciudadanía se mantendrá vigilante), y en el caso de la municipalización de Villa de Pozos el juez revisará que se ajuste a los preceptos constitucionales.
¿De verdad Gallardo Cardona está convencido de que pedir legalidad y respeto a los derechos son “ganas de estar chingando”?
