Garantizar la seguridad de la población, la emergencia olvidada

Por Victoriano Martínez

Mientras en 11 minutos Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), compareció y se justificó ante la Comisión legislativa de Derechos Humanos, ocho consejeras y consejeros de la CEDH recolectaron durante todo el día firmas de apoyo a un posicionamiento sobre la inseguridad y las desapariciones en el Estado.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y condena por la alarmante situación de violencia e inseguridad que enfrentan diversos municipios de la entidad, especialmente en la zona Media como lo evidencia la reciente ola de desapariciones en Cárdenas y municipios aledaños”, señalaron en su texto y además mencionan Tamuín, Ébano, Tanquián, Tamazunchale, Matlapa y Tamasopo.

El texto, al filo de las diez de la noche de este miércoles, ya llevaba la firma de 140 personas entre integrantes y ex integrantes del Consejo de la CEDH y otras a título personal, además de adhesiones por la vía de comentarios en la página de Facebook de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, en su mayoría familiares de víctimas.

En el documento exigen al gobernador Ricardo Gallardo Cardona medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de la población, proteger los derechos humanos de las personas afectadas y prevenir la desaparición forzada.

“El incremento de la violencia y en el número de personas desaparecidas, así como las balaceras y enfrentamientos entre civiles armados, demuestra una grave crisis de violencia en la región que requiere atención inmediata por parte del gobierno estatal y las autoridades competentes”, señalaron.

Hicieron un reconocimiento a organizaciones como Voz y Dignidad por los Nuestros por documentar y denunciar los casos de las desapariciones.

Al convocar a la firma del posicionamiento, Edith Pérez Rodríguez, de Voz y Dignidad, señaló que se trata de una acción “que busca visibilizar la situación y exigir a las autoridades que tomen medidas concretas para encontrar a las personas desaparecidas y garantizar justicia para las familias afectadas”.

Una actividad promovida por el Consejo de la CEDH que contrasta con la comparecencia de Argüelles Moreno, quien desaprovechó el foro en la sede del Congreso del Estado para respaldar la acción, a pesar de que en el informe 2022 señala en segundo lugar la omisión en la investigación efectiva sobre desaparición forzada entre las principales violaciones a derechos humanos.

En lugar de sumarse al pronunciamiento de su Consejo, puso en duda las razones por las que éste informó al Poder Legislativo que el informe 2022 no fue aprobado por ellos.

El contraste: mientras la presidenta de la CEDH justifica la poca actividad de la Comisión, su Consejo promueve un pronunciamiento para exigir la protección contra una de las violaciones a derechos humanos más graves.

Una manifestación ante la que resultaría ofensivo en extremo que Gallardo Cardona recurriera a su muletilla evasiva de calificarla como grilla o endilgársela a la herencia maldita, pues los familiares de desaparecidos han señalado un retroceso en las acciones gubernamentales de búsqueda en este sexenio, además de que no se ha impulsado el Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda de Personas (CEIFBP).


Este es el texto del pronunciamiento íntegro promovido por el Consejo de la CEDH:

Posicionamiento de integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí sobre la situación de inseguridad y desapariciones en la entidad:

29 de marzo de 2023

Las consejeras y consejos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y las personas ciudadanas e integrantes de la sociedad civil firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y condena por la alarmante situación de violencia e inseguridad que enfrentan diversos municipios de la entidad, especialmente en la zona Media como lo evidencia la reciente ola de desapariciones en Cárdenas y municipios aledaños. Así como en la zona Huasteca en los municipios de Tamuín, Ébano, Tanquián, Tamazunchale, Matlapa y Tamasopo.

Consideramos que el incremento de la violencia y en el número de personas desaparecidas, así como las balaceras y enfrentamientos entre civiles armados, demuestra una grave crisis de violencia en la región que requiere atención inmediata por parte del gobierno estatal y las autoridades competentes.

Exigimos al gobierno del estado de San Luis Potosí, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que tome medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de la población, proteger los derechos humanos de las personas afectadas y prevenir la desaparición forzada. Además, instamos a las autoridades a investigar de manera exhaustiva y diligente estos casos, sancionar a los responsables y brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas.

Reconocemos y valoramos el trabajo de colectivos de búsqueda de personas, como Voz y Dignidad por los Nuestros S.L.P., que han documentado y denunciado el aumento de desapariciones en la región. Por lo que hacemos un llamado a fortalecer la colaboración entre estos colectivos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y las autoridades locales, con el fin de optimizar los esfuerzos de búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Además, instamos al gobierno del estado a mejorar las condiciones laborales y de capacitación de las fuerzas de seguridad pública, especialmente en los municipios más afectados por la violencia, como Cárdenas. La falta de personal y recursos suficientes en la policía municipal impide la protección efectiva de la población y el respeto a sus derechos humanos.

Reconocemos el reciente convenio de colaboración en materia de seguridad entre los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas como un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, enfatizamos la necesidad de implementar estrategias integrales y sostenibles que aborden las causas estructurales de la violencia, incluyendo la desigualdad social, el desempleo y la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a mantenerse informada, solidaria y comprometida en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz y la justicia en San Luis Potosí y en todo México. La violencia y las desapariciones nos dañan a todos, y es nuestra responsabilidad colectiva exigir acciones concretas y efectivas por parte de las autoridades para garantizar un entorno seguro y respetuoso de los derechos humanos para todos los ciudadanos.

FIRMAS


Estas son las principales violaciones a los Derechos Humanos denunciadas, según el Informe 2022 de la CEDH (página 93):

  1. Tortura,
  2. Omisión en la investigación efectiva sobre desaparición forzada
  3. Omisión en la vigilancia de guarda y custodia de detenidos
  4. Acciones y omisiones contrarias a los que señala la ley
  5. Lesiones
  6. Omitir proporcionar estancia digna a las personas detenidas
  7. Amenazas o intimidación
  8. Inadecuada atención médica
  9. Detención arbitraria
  10. Dilación o retraso injustificado de la integración de los expedientes de investigación penal
  11. Injustificado de personas detenidas
  12. La aplicación de medidas y sanciones en los Centros de Detención sin procedimiento previo

 

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