Victoriano Martínez
Durante 2017, el gobierno de Juan Manuel Carreras invirtió 7 millones 840 mil 577.78 pesos en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), sin que se haya instalado formalmente al no concretarse una sola reunión del Comité Coordinador y, en cambio, se generó una solicitud de juicio político en contra de los organismos oficiales participantes por obstruir el funcionamiento del SEA.
Manuel Algara Cossío, director general de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, informó –como respuesta a la solicitud de información 00230418 vía la Plataforma Nacional de Transparencia– que para el ejercicio fiscal 2017, tras evaluar el impacto presupuestario relativo al SEA, se previó la aplicación de 14 millones 21 mil 699 pesos.
En el oficio número SF/DGPP/DGI0056/2018, Algara Cossío presenta una tabla en la que desglosa el presupuesto contemplado en 2017 para el SEA: 6 millones 377 mil 121.22 pesos para la Secretaría Ejecutiva del SEA, 5 millones 690 mil 209.18 pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA), y 2 millones 150 mil 368.60 para la Contraloría General del Estado.
En el documento se hace la aclaración de que presupuesto asignado a la Secretaría Ejecutiva fue un recurso “sin ejercer”. En consecuencia, las otras dos dependencias mencionadas ejercieron 7 millones 840 mil 577.78 pesos en el Sistema Estatal Anticorrupción.
El pasado 22 de enero, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, presentaron al Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra de las dependencias que integran el Comité Coordinador del SEA por obstruir la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, entre quienes figuran el TEJA y la Contraloría estatal.
El juicio político se promovió en contra del Contralor General del Estado, José Gabriel Rosillo; la auditora Superior del Estado, Rocío Cervantes; el Fiscal General, Federico Garza; el presidente del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Almazán Cue; el presidente de la CEGAIP, Alejandro Lafuente; y contra quien resulte ser el presidente del TEJA, señala el documento entregado a la Legislatura.
El CPC-SEA relata en su petición a los legisladores que las dependencias integrantes del Sistema de manera reiterada se negaron a instalar el Comité Coordinador, al grado de cuestionar su nombramiento a pesar de que el Comité de Selección agotó lo dispuesto por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Lo más cerca que estuvo de instalarse en Comité Coordinador fue el 7 de diciembre, cuando acudieron a la convocatoria del CPC-SEA (que lo preside conforme a la Ley) cuando acudieron representantes de la Auditoría Superior del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa y Alejandro Lafuente, presidente de CEGAIP, y el contralor Rosillo.
“Durante el desarrollo de esta sesión, recibimos el requerimiento del titular de la Contraloría General del Estado por la publicación de nuestros nombramientos como miembros del Comité de Participación Ciudadana, a efecto de considerarnos debidamente acreditados”, relataron en la solicitud de juicio político.
A pesar de que le hicieron ver que tal requisito no era necesario conforme al artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Rosillo insistió en no reconocerles personalidad sin argumentar ningún fundamento legal.
“Por lo cual nos vemos imposibilitados para iniciar con la formación del Comité Coordinador y por consiguiente con los trabajos del sistema, motivo por el cual consideramos que su actitud más bien motiva un trastorno en el funcionamiento normal del Sistema Estatal Anticorrupción”, advirtieron los integrantes del CPC-SEA.
Advirtieron que la actitud de los funcionarios que deben promover y participar en el Sistema Estatal Anticorrupción ha bloqueado el inicio de los trabajos y lo calificaron como un “evidente perjuicio del interés público y en franco desacato a los establecido en la Ley de la materia”.
Aunque el pasado mes de enero, el CPC-SEA en pleno acusó a los funcionarios que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de impedir el inicio de los trabajos, hoy se reporta, vía transparencia, que durante 2017 el gobierno estatal gastó 7 millones 840 mil 577.78 pesos.
“En el ejercicio 2018 se han autorizado recursos tanto a la Contraloría General del Estado como al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, siendo ambas instancias las responsables de proporcionar la información que detalle el importe que se asigne al Sistema Anticorrupción”, indicó Algara Cossío en su respuesta al referirse al presupuesto para este año.
De acuerdo con el artículo 28, fracción II, y el quinto transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, los recursos destinados al SEA deben estar contemplado en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, sin embargo ese rubro no aparece.
Para este 2018, la Contraloría General del Estado tiene un presupuesto de 104 millones 590 mil 717 pesos, en tanto que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 42 millones 637 mil 300 pesos.
Pide Comité Anticorrupción juicio político contra funcionarios que obstruyen el SEA
