Adriana Ochoa
Si es posible y válido para tribunales electorales que un hombre registre su candidatura a alcalde como “mujer”, lo avale un tribunal y pase por encima de principios de paridad de género, es todavía más fácil, frecuente y “normalizado” que un gobernante cambie de partido.
No debiera ser así. Y si ya lo es, entonces ya no se justifica que la única ruta viable para participar como candidato a un cargo de elección popular sea el registro de un partido, el que sea.
Están las candidaturas ciudadanas, verdaderas carreras con obstáculos y diseñadas para que no haya igualdad de circunstancias en la competencia política. Al candidato ciudadano se le exigen más avales que a un partido político y a su costa. Y cómo no, si la normatividad la proponen, discuten y aprueban representaciones de los partidos en los congresos y cámaras.
Lo verdaderamente equitativo que se cumpla sin taxativas el derecho a votar y ser votado. Si el condicionar el derecho a votar es una clara violación a las leyes, condicionar el derecho a presentarse para un cargo de elección debiera tener la misma consideración. Más cuando el descrédito, corrupción e inutilidad de los partidos políticos son evidentes y del dominio público. Lo más doloroso encima es lo que nos cuestan.
El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó la distribución del financiamiento público correspondiente al ejercicio fiscal 2025, a que tiene derecho cada uno de los partidos políticos con registro.
De nuestros impuestos, cada año, las autoridades electorales, federal y estatales, destinan cantidades señaladas para financiamiento público asignado por partido político. Los recursos se distribuyen de forma equitativa en un 30% y de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior el 70%. Si les va bien en votos, hay más dinero.
Se supone que entre las obligaciones de los partidos por las cuales les financiamos está la promoción de cultura política y valores democráticos: nunca lo hacen.
A nivel estatal, el total de financiamiento a partidos políticos para este año es de $165 millones, 161 mil, 021 pesos. Los más beneficiados, en razón de los resultados electorales de junio pasado, son el Partido Verde Ecologista (PVEM), la formación franquiciada del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y Morena. Hasta el agónico Partido de la Revolución Democrática, ya sin registro nacional, nos costará: $3,716,122 pesos, gracias en buena parte a los capitalinos a los que no los traían muy contentos las derivas del PRI y el PAN y votaron por Enrique Galindo Ceballos para la alcaldía capitalina.
Una vez electos los alcaldes, el Verde emprendió un descarado alineamiento de ediles que había ganado por otro signo. Un arreo de unos 15, luego otros cuatro en paquete, luego otros más… Que “se sumaban” al Verde por gusto propio. No se duda. El aparatazo de propaganda divulgó que los tornadizos munícipes llegaban al Verde “por convicción, no por presiones” y que estaban muy convencidos del “liderazgo” de Gallardo.
La salida de alcaldes hacia el Verde ya había ocurrido en el anterior periodo, pero menos acentuada. Ni PRI, ni PAN, ni siquiera Morena, fueron capaces de representar defensa, cohesión y expectativa para sus alcaldes ganadores. Con unas dirigencias de miras sólo para sobrevivir ellas, con dignidad o sin ella, no se podía esperar más.
Con los presidentes municipales no hay, como en el Poder Legislativo, periodo de “cuarentena” que adecente un poco el cambio: diputado o senador que da el bandazo, pasa a la consideración de independiente. Una leve medida cosmética, pero ya es algo.
De esta forma, el Partido Verde ha construido una mayoría de alcaldías artificiosa en lo que respecta a la verdadera expresión de los votantes en las urnas con respecto de la autoridad que es la más cercana a las necesidades de la comunidad, el mostrador de primera instancia.
El Verde, pura propaganda sin concepto, no pierde oportunidad de proyectarse como una formación política magnánima y plural, que acoge a cuanto alcalde le peleó en contra el cargo que ahora le suma a su mayoría de gobiernos municipales. Tan atractivo es el Verde de Gallardo, que los opositores se le rinden. ¿Hace falta que financiemos partidos “de oposición” para esto?
O peor aún: se supone que con nuestro dinero entregado a partidos, la participación política será más abierta y se invierte en impulsar la competencia democrática, el debate público y la diversidad política. Invertimos en diversidad política para que los elegidos acaben abrazando de inmediato una causa hegemónica apenas les dan el cargo. ¿Para eso gastamos tanto dinero?
Del mismo modo que José Reyes Martínez Rojas, hoy alcalde de Venado, realizó su registro de candidato del Partido Verde (PVEM) como mujer, es fraudulento y reprobable que se facilite a los ediles, llegado al puesto con el voto de los ciudadanos, saltar a otra opción política sin siquiera rendir cuentas a los que votaron por ellos. Que se vayan cuando acaben su ejercicio, no apenas tomaron posesión.
El Tribunal Electoral del Estado validó la candidatura de José Reyes Martínez Rojas a la presidencia municipal de Venado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se basó en los lineamientos de registro de candidaturas de personas de la diversidad sexual y con ello dio por sentado que no se violaron los principios de paridad de género. Es una verdad legal, no la realidad: estrenado en el cargo, Martínez Rojas se enojó con un agudo reportero que en un evento de alcaldes le preguntó si iría al baño de hombres o al de mujeres, porque el edil buscaba un sanitario en el lugar de la convención. En política se le puede mentir a un tribunal electoral paralelogramático, se le puede mentir a los votantes, pero mantener una mentira a sí mismo saca más de un sofocón.
El Partido Nueva Alianza pedía revocar el dictamen de registro de Martínez Rojas como candidato porque su credencial de elector lo identifica como hombre y nunca emprendió cambios en su acta de nacimiento o cualquier otro para presentarse como mujer. El Tribunal responde que la identidad de género se asume de manera voluntaria, no requiere más. Doña José Reyes se sintió mujer el día de su registro, solo ese día, y fue suficiente.
Igual vale para los alcaldes versátiles, de un color hoy y mañana de otro. Se suman mañana, profundamente enamorados, a la fuerza política a la que criticaron y dijeron combatir en las urnas. Gesticuladores y “cachamocos”, (Rodolfo Usigli dixit).
¿Tiene entonces algún sentido tanta reglamentación y trabas para que los ciudadanos que lo deseen se registren como candidatos, sin más prendas que su derecho a ser votados, su ánimo, su propuesta y sus ideas?
Eso sí es democrático.
ROLLOS SUELTOS
RETROCESO. Al inicio del año, Finanzas del Estado sí estuvo entregando tarjetas de circulación en plástico. Vimos varias. Lo de cambiar papel por razones ecológicas o de austeridad es una vacilada. Cierto que hace décadas la tarjeta de circulación era de papel, pero al menos era cartoncillo, por eso le decían “tarjetón”. Lo obvio: es un mal retroceso por razones no planeadas.
GUARDIA INCIVIL. Lo dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, José Luis Ruiz Contreras: en San Luis Potosí ya tenemos narcoprotestas, pues de eso acusó a manifestantes de Valles que protestaban contra los excesos de la Guardia Civil a su cargo, cateos sin orden, extorsiones y “siembra” de elementos delictivos. El señor acusa para salir de la bochornosa denuncia que enfrentan sus “agentes”.
EL ORCO DEL AÑO. La GC respondió con violencia contra reporteros vallenses que hacían la cobertura de la protesta y pretendían entrevistar al jefe regional, Óscar Hernández. Los agentes, con armas largas y equipo táctico, tiraron al corresponsal de Milenio y agredieron a otra compañera. El comandante regional, rodeado de guardias civiles, dio un espectáculo para vergüenza nacional cuando los reporteros de Valles lo enfrentaron, celulares, cámaras y grabadoras en mano, para que explicara el porqué la agresión a la prensa.
EL BALLET “PREPO”. Los agentes rodearon al jefe como si los reporteros representaran un peligro fatal y lo seguían para donde se moviera, como ballet de bataclana. Errático, hosco y nervioso, se le secó el cerebro y no conectaba un enunciado completo. Una actuación de pedorreta.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
