Por: Eduardo Delgado
A once días de dejar el cargo, Miguel Ángel García Covarrubias, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), recibió una nueva recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que le solicitó agilizar la integración de una averiguación previa “para que a la brevedad” se defina si procede o no el ejercicio de la acción penal.
La recomendación 29/2015, con fecha del pasado lunes 14 de septiembre, señala como responsables a dos Agentes del Ministerio Público adscritos a la Mesa Uno de la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Zona Altiplano, con sede en el municipio de Matehuala.
Es respecto de la integración y dilación de la procuración de justicia, en agravio de una mujer que hace diez meses presentó una querella penal contra un par de “licenciados”, que se hicieron de un coche que tenía bajo su resguardo como depositaria judicial, derivado de una controversia familiar.
Un día la afectada fue interceptada a bordo del vehículo por policías estatales y estos se lo quitaron. El 4 de noviembre presentó denuncia en la Subprocuraduría Regional Zona Altiplano y aparte solicitó a juez resguardar el vehículo.
El juez giró oficio al Director General de Seguridad Pública del Estado para pedirle localizar el automóvil, el cual resultó en poder de dos abogados particulares.
Un mes después de que el Ministerio Público recibió la querella solicitó apoyo para ubicar a los presuntos responsables, a fin de que los presentaran a rendir su declaración y pusieran a la vista el carro.
Pero cuando le fue presentado uno no le tomó su declaración, con el argumento de que no se localizó a un defensor de oficio que lo asistiera.
En el apartado de observaciones la CEDH estableció que encontró elementos para acreditar violaciones atribuibles a los representantes sociales, “al omitir la práctica de diligencias para una efectiva investigación penal”.
Constató que la última actuación data de hace medio año “sin que hayan realizado otras actuaciones para el debido esclarecimiento de los hechos”.
El Ministerio Público solo citó en reiteradas ocasiones a los presuntos responsables y como no acudieron a declarar, giró orden de comparecencia en su contra y de las constancias “se observa que no lo ha hecho ni hay acciones” de parte de la autoridad para recabar las declaraciones de los imputados.
El organismo expuso además que el vehículo no ha sido puesto a la vista como requirió el Ministerio Público, “por lo que sigue bajo resguardo de una persona a la que no se le designó como depositario judicial”.
En suma los representantes sociales “no realizaron las debidas diligencias para una correcta integración, ya que no han llevaron a cabo las acciones adecuadas para comprobar los elementos que integran el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad”.
Asimismo, de las constancias que obran en la Averiguación Previa el Ministerio Público “que tiene actualmente a su cargo la indagatoria, podría determinar la actuación de los señalados que tienen en su poder un vehículo, sin que tuvieran una orden judicial que ampare esa posesión o depositaría, máxime que el propio juez negó la depositaría a quienes están señalados como probables responsables”, añadió.
Por tanto, agregó, los servidores públicos que tuvieron a su cargo la conformación de la indagatoria “no brindaron un adecuado servicio público” y evidenciaron omisiones y retraso injustificado en la investigación efectiva de los hechos.
A la fecha la autoridad tampoco proporcionó datos que justifiquen la razón de la demora, por lo que la CEDH considera indispensable someter a investigación administrativa a ambos servidores públicos, porque sus conductas pueden ser constitutivas de responsabilidad, según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
