Leticia Vaca
El gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, deberá de realizar una “ardua” auditoría a todas las Secretarías de Estado, a fin de detectar los desvíos de recursos públicos que se pudieran haber gestado durante la actual administración, sugirió el abogado Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C.
De acuerdo con el abogado, en los ejercicios fiscales de 2018 y 2019 se detectaron incrementos a los pasivos gubernamentales por más de mil doscientos millones de pesos, “esto obedeció a que no revisaron correctamente las cuentas públicas de un total de 102 entes fiscalizables”.
Recordó, además, las irregularidades que se detectaron en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado durante el período que Mónica Liliana Rangel Martínez fue la titular.
“A fin de detectar el desvío de recursos públicos que se ha gestado ante la apatía y complicidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), encabezada por Rocío Elizabeth Cervantes Salgado; por el coordinador de Auditorias Especiales, Fernando Díaz Jiménez; y por la contralora interna, Rosalba Salazar Miranda, mismos que en complicidad con la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, María del Rosario Sánchez Olivares, en todo momento han sido serviles e incondicionales al titular del Ejecutivo estatal y por eso, hoy se detecta este déficit de mil 200 millones de pesos”, acusó.
Las presuntas irregularidades, manifestó, se habrían heredado cuando José de Jesús Martínez Loredo fue titular de la ASE, y “lo comprueba el rezago de más de dos mil 400 expedientes sin atender, a pesar de tener una plantilla abultada de casi 400 empleados; no en vano, hoy existe en el caso de la Secretaría de Salud, una fuerte denuncia de medicamentos apócrifos y del resguardo de toneladas de medicamentos en bodegas. Tan sólo en esa dependencia, desde el 2016, se vienen desarrollando varios saqueos”.
Por las evidencias que existen, aseguró, hay causales suficientes para que el próximo Gobierno del Estado lleve a cabo una investigación profunda, y “corrobore la inoperancia de la ASE, que incluso pueden recaer en la destitución inmediata de los altos mandos, conforme lo señala la Constitución del Estado, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Responsabilidades, entre otras”.
