Leticia Vaca
Juan Manuel Carreras López, titular del Ejecutivo, podría enfrentar juicio político, si se logra demostrar que está involucrado en el operativo económico para presionar a los comuneros de San Juan de Guadalupe para que entreguen sus tierras y favorecer a los desarrolladores, acusó Carlos Covarrubias Rendón, asesor legal de los ejidatarios.
Denunció también que por un lado se presume que el Gobierno del Estado ha destinado recursos para convencer a los comuneros, y por otro, el Ayuntamiento quiere ser “facilitador” para que se otorguen los permisos de cambio de uso de suelo.
“No tienen cambio de uso de suelo, aunque Xavier Nava ha intentado, aún cuando niega ser facilitador. El Gobierno del Estado se encuentra operando con todos los recursos posibles para lograr este objetivo, y obligar a los comuneros a aportar sus tierras y pagarles 67 mil pesos, que según derivan de una indemnización que es por la liberación del servicio de vía del Boulevard Rocha Cordero (…) de esto ya lo platicamos con diputados federales y con diputados locales, y Andrés Manuel López ya sabe de este asunto, y mañana un grupo de comuneros irá al Altiplano para reitirarle nuestro rechazo”.
Por otro lado, evidenció que se logró detectar que la Comisión Estatal del Agua (CEA), también ha operado a favor de los fraccionadores, puesto que en el mes de noviembre de 2017, según dijo, de acuerdo al oficio CEA/DG/2017/938, se dio a los empresarios la autorización de factibilidad del proyecto inmobiliario permitiéndoles extender la red de “Aguas del Poniente”.
Además, reiteró que la Procuraduría Agraria estatal y federal ya se pronunciaron, y no otorgarán la opinión que se requiere para que se dé la asamblea, donde se pretende despojar a ejidatarios de San Juan de Guadalupe y sus nexos, en favor de los fraccionadores.
Finalmente, el asesor legal insistió en que no van a permitir que el municipio de San Luis Potosí manipule y trate de hacerse el inocente en el cambio de uso de suelo de la Sierra de San Miguelito, y tampoco que el Gobierno opere a través de sus dependencias. “El gobernador está metido hasta el cuello, por intereses políticos (…) han dicho que cuando se dé la asamblea de aportación se va a pagar la indemnización”.
