Leticia Vaca
Este lunes 21 de junio, a cuatro años de que se decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios de San Luis Potosí, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Tamuín, el Estado ha perdido la oportunidad de cumplir con los requisitos mínimos en políticas para garantizar la vida y la dignidad de las mujeres, lamentó la activista y feminista, Arely Torres Miranda.
Concretamente en el Gobierno de Juan Manuel Carreras López, “me parece que desde un inicio hubo un desdén, aunque en el discurso hablaba de una aceptación y de un compromiso, pues a final de cuentas seguimos siendo uno de los municipios, por ejemplo, la capital, con mayor índice de feminicidios”.
A cuatro años de la AVG no hay una Fiscalía Especializada en Feminicidios y “parece ser que el dinero que fue destinado para el cumplimiento de la Alerta, se ha diluido en esfuerzos que definitivamente no se ven reflejados en hacer justicia para las mujeres”, agregó la activista.
Asimismo, lamentó que en materia de prevención falta mucho por trabajar con el personal que integra la Defensoría en la Fiscalía, en el Instituto de las Mujeres, en el Centro de Justicia, en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y en todas las instancias que pueden atender esta problemática.
“Aún falta en el tema, por ejemplo, de protección a niñas, es un tema rebasado y es indignante que aún no se puedan tener los esfuerzos necesarios y coordinados para prevenir y proteger la vida de las mujeres”, reprochó.
Carreras no ha sido capaz de dar la cara a las víctimas
La activista recordó como ejemplo de la complicidad del Gobernador y el desdén en el tema de la violencia feminicida, su ausencia el 14 de mayo, día en que fue colocado un memorial por las víctimas de feminicidio en San Luis Potosí.
“El no querer escuchar a las madres de las víctimas, en mandar representante, no ha sido capaz de dar la cara a las mujeres víctimas, de cómo se ha rodeado o ha puesto en atención a personas que definitivamente no tienen ni el interés ni el compromiso para escuchar y acercarse a los padres y las madres de las víctimas que sin duda ahí siguen, pidiendo justicia”.
Nuevas administraciones
Con los cambios de Gobiernos Municipales y el Estatal, Torres Miranda dijo que es una oportunidad para cambiar los “vicios” que se han arrastrado en la actuales administraciones: “En este Gobierno y en los municipios vimos que ni siquiera hay una puerta para el diálogo y ojalá el nuevo gobernador (Ricardo Gallardo Cardona) tenga la sabiduría de saber escuchar a la sociedad civil y trabajar de la mano; saber entender qué es prioritario”.
El gobierno de Gallardo Cardona deberá ser “un eje transversal en política pública con perspectiva de género, con presupuestos de perspectiva de género desde el inicio, no lo que quede y no lo que caiga; deberá de fortalecer las Fiscalías, las instituciones con los perfiles idóneos, no como nos sucedió con el doctor Carreras que fueron pagos de campaña y compromisos partidistas”.
En cuanto a los Ayuntamientos, puntualizó, deberán de tener claro que deben contar con una instancia para las mujeres, que diste de política pública y que sea un puente efectivo para poder acceder a la justicia por parte de las mujeres.
Incremento en feminicidios representa la omisión del Gobierno
Por último, la activista lamentó que las cifras de feminicidios hayan incrementado pese a la declaratoria de la AVG.
“Las cifras nos deberían de hablar de lo que hay justo detrás, que cuando hablamos de cifras estamos hablando de mujeres que no están con sus familias, de familias que están pidiendo justicia y que este aumento tanto en casos como en grado de violencia se va expandiendo con las mujeres jóvenes y con las adultas mayores; está atravesando por todas las edades, deberíamos de entender que este aumento solamente significa el gran fracaso la alerta de violencia de género y las omisiones de las cuales ha sido responsable el doctor Carreras y todo su Gobierno”.
