Desiree Madrid
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se identificó que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada era un problema latente en San Luis Potosí donde al menos tres grupos delictivos participan de dicha actividad.
De acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración realizado en la administración federal pasada, San Luis Potosí se encontró entre las 18 entidades con mayor incidencia en este fenómeno, lo que evidencia la manera en que los grupos delictivos logran captar a menores e involucrarlos en actividades ilícitas, afectando su desarrollo y contribuyendo a la descomposición del tejido social.
Las estrategias de captación utilizadas por la delincuencia organizada, de acuerdo con el informe, son diversas y se adaptan a la vulnerabilidad de los menores. A través de redes sociales y videojuegos, los criminales pueden establecer contacto con los jóvenes, ganándose su confianza para inducirlos gradualmente en actividades delictivas.
Sin embargo, también hay métodos más directos como engaños mediante falsas ofertas de empleo, promesas de dinero fácil o, en algunos casos, la intimidación y las amenazas dirigidas tanto a los menores como a sus familias.
En el caso de niñas y adolescentes, el reclutamiento puede ocurrir a través de la seducción y el engaño por parte de integrantes de estos grupos, quienes posteriormente las llegan a obligar a colaborar con ellos.
Un aspecto preocupante era la situación de menores migrantes, quienes al no contar con redes de apoyo en el país, pueden ser especialmente vulnerables y muchas veces forzados a participar en estas organizaciones delictivas.
Los menores reclutados en San Luis Potosí pueden llegar a ser empleados en distintas funciones dentro del crimen organizado. Algunos se llegan a convertir en vigilantes o “halcones”, alertando a los grupos criminales sobre la presencia de autoridades; otros son obligados a participar en extorsiones telefónicas y digitales, mientras que algunos se ven envueltos en el tráfico y distribución de drogas.
En los casos más extremos, los menores pueden ser entrenados para cometer asesinatos o encargarse de la desaparición de cuerpos de víctimas. Además, se reportaron casos en los que adolescentes eran forzados a custodiar víctimas de secuestro en casas de seguridad o a participar en la planeación de estos delitos.
El informe también subrayó que el reclutamiento de menores no ocurre al azar, sino que responde a diversos factores de riesgo estructurales.
En el ámbito individual, los antecedentes de maltrato infantil, el abandono, la baja autoestima y la falta de oportunidades educativas y de desarrollo aumentaban la vulnerabilidad de los menores.
En el entorno familiar, la violencia intrafamiliar, la ausencia de supervisión parental y la influencia de familiares involucrados en actividades delictivas incrementan el riesgo de captación. A nivel educativo, la deserción escolar, el bajo rendimiento y la violencia dentro de los planteles eran factores que alejaban a los jóvenes de espacios seguros.
En el plano comunitario, la falta de empleo, la pobreza y la presencia de actividades ilícitas en las comunidades debilitaban la capacidad de respuesta ante el reclutamiento de menores. Además, el informe destacó el impacto de factores sociales y culturales como la normalización de la violencia, la desigualdad económica y la consolidación de economías ilegales en la región.
Uno de los problemas más graves señalados en el informe fue la ausencia de un marco legal claro para castigar el reclutamiento de menores en México. Actualmente, el Código Penal Federal no tipifica este delito de manera específica, lo que genera un vacío legal que permitía a los reclutadores operar sin consecuencias.
Ante esta situación, se sugirió la necesidad de reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Código Penal Federal, con el objetivo de que el reclutamiento forzado de menores fuera considerado un delito grave y se establecieran sanciones severas para quienes lo promovieron o facilitaran.
El informe también planteó diversas acciones urgentes para mitigar el reclutamiento de menores en San Luis Potosí. Entre ellas, la implementación de campañas de prevención y sensibilización dirigidas a menores y familias para informar sobre los riesgos del reclutamiento y cómo identificar intentos de captación.
Asimismo, se propuso fortalecer el sistema educativo al garantizar el acceso a educación de calidad y la creación de entornos seguros dentro de las escuelas. En el ámbito económico, se sugirió el desarrollo de programas de empleo juvenil que ofrecieran alternativas viables al reclutamiento criminal.
También se destacó la importancia de proteger a las víctimas mediante la creación de refugios y centros de atención integral para menores que desearan abandonar estas redes delictivas.
Finalmente, se recomendó la creación de una unidad especializada para la investigación y persecución del reclutamiento de menores en el estado, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia.
La situación de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí aún es crítica y requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades y la sociedad civil. Mientras el reclutamiento de menores no sea castigado de manera efectiva y las políticas de prevención no sean reforzadas, más jóvenes caerán en manos del crimen organizado, con consecuencias devastadoras para sus vidas y la seguridad del estado.
Es imperativo que se diseñen estrategias integrales que garanticen un futuro seguro para las infancias y la adolescencias potosinas porque pese a ser un informe del sexenio pasado, es una problemática existente y presente que debe erradicarse, ya que el tiempo para actuar es ahora.
