Por Victoriano Martínez
Si algo ha caracterizado a los últimos gobiernos, desde que la propaganda se convirtió en su principal mecanismo para convencer a la población de su efectividad, es la simulación. Aparentar que se hace algo y tratar de convencer públicamente que así es, aunque en los hechos no se tenga la más mínima voluntad de hacerlo.
En ese juego de la apariencia, cuenta más confeccionar documentos, informes y, sobre todo, campañas propagandísticas verosímiles y convincentes que respalden la promoción de eficiencia del gobierno en turno, sea estatal o municipal, que las acciones gubernamentales de fondo, porque lo que tratan es de hacer menos que lo mínimo y hacer creer que hacen lo máximo.
Un trabajo coordinado de asesores de mercadotecnia política con los de cada una de las áreas gubernamentales, para confeccionar escenografías en las que le resulte difícil a la población detectar el engaño.
El gobierno estatal y los municipales están obligados por ley a elaborar un plan de gobierno y, para hacerlo, tienen que consultar a la población. En spots de radio y televisión hoy simulan que esa consulta es una convicción democrática que tienen, pero su propaganda no les alcanza para abrir canales reales de participación.
Una consulta simulada que les da tiempo para armar un documento cargado de análisis, estadísticas, proyecciones y demás elementos para impresionar antes que para definir estrategias y acciones que estén dispuestos a seguir para cumplir genuinamente con sus responsabilidades.
El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, al cruzar en este momento ese periodo de creación del documento rector de la simulación sexenal, ha dejado expuesta su poca capacidad personal para supervisar el trabajo de sus asesores para que le confeccionen una simulación efectiva que lo proteja del efecto de sus promesas incumplidas o cumplidas a medias.
De entrada, tan burda resulta la negligencia, que exhiben incapacidad hasta para ajustarse a plazos legales, como exhibió el periódico Pulso este domingo con la prematura publicación del Programa Estatal de Infraestructura en el que, para colmo, se basó en plagios y datos antiguos, como detalló Jaime Hernández en su trabajo periodístico.
Como un gobierno más de la apariencia, Gallardo Cardona incurre en una exageración sobre sus acciones, para sobre dimensionar el alcance de sus actos. El río navegable en el Tangamanga I de pronto pareció que sería un lago para remar y, últimamente, ya ni se le menciona.
La Guardia Civil, presentada en secreto y cuya iniciativa circula de manera discreta (aquí la puede consultar) está muy lejos de representar la gran reestructuración de las corporaciones de seguridad pública como para fincar en ella la esperanza de que por fin se terminará la inseguridad.
Si se comparan las reformas propuestas con los textos vigentes en la Constitución estatal y las tres leyes que se propone modificar, la conclusión no puede ser otra: Se trata simplemente de cambiarle el nombre a la Secretaría de Seguridad Pública por Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado por Guardia Civil Estatal.
Una comparación de la iniciativa con lo que pretende modificar arroja que 40 de los cambios propuestos son para sustituir denominaciones:
- De la Secretaría en 14 ocasiones.
- De la guardia civil, otras 13.
- De Dirección General de la Policía Investigadora por Dirección General de Métodos de Investigación, en cinco casos.
- De Gobernador del Estado por Gobernador Constitucional del Estado, en dos casos.
- De Director a Comandante para el titular de la Guardia Civil en dos ocasiones.
- Con un caso: de seguridad pública a seguridad ciudadana, de ley de Protección Civil a leyes del Sistema de Protección Civil del Estado y General de Protección Civil, de Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado a Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios.
Por si no fuera suficiente, en nueve de los doce artículos transitorios se hace referencia a disposiciones para que no haya confusión sobre el cambio de nombre de las dos dependencias.
Entre los cambios distintos a los relacionados con denominaciones se puede mencionar que dejan de ser considerados como autoridades en materia de seguridad pública los directores de los centros de reclusión estatal, y alcaides de los centros de reclusión distrital, además de que éstos últimos también quedan fuera de los consejos municipales de seguridad pública.
Mantienen la protección a servidores públicos estatales en el artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad pública: gobernador del estado, Fiscal General, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, titular de la Guardia Civil Estatal y Director General de Investigación.
La presentación de las propuestas de redacción de los artículos reformados deja, en muchos casos, abierta la duda sobre la anulación o no de alguno de los párrafos de cada numeral. Una cuestión de forma con tan poca claridad, que podría tener efectos de fondo. Ya las comisiones del Congreso del Estado encargadas de dictaminar lo tendrán que dilucidar.
Si los últimos gobiernos se han caracterizado por una simulación que no logran ocultar al cien por ciento, el de Gallardo Cardona, con el Programa Estatal de Infraestructura –ya publicado en el Periódico Oficial del Estado– y la iniciativa para crear la Guardia Civil –con la amenaza de ser aprobada en febrero– se exhibe desde ya como el más burdo simulador entre los simuladores.
