Carlos Rubio
Desde mayo de 2022 a la fecha, la Oficialía Mayor ha ignorado un total de 10 solicitudes de información con las que se busca conocer los contratos y facturas que el Gobierno del Estado realizó para la compra de vehículos de la Guardia Civil Estatal, a pesar de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se comprometió a transparentar la adquisición.
La primera solicitud que se presentó fue el 27 de mayo y su fecha límite de respuesta fue el 10 de junio; la petición fue ignorada por la Oficialía Mayor y marcada como fuera de tiempo por la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta forma de operar se ha repetido en otras nueve ocasiones, siendo la última el 31 de enero de 2023.
En las 10 solicitudes ignoradas por la Oficialía Mayor se ha pedido copia en formato digital del contrato firmado por la compra de vehículos para la Guardia Civil Estatal, así como todas las facturas pagadas por esta adquisición. Asimismo, se ha requerido un informe sobre cuántos vehículos se adquirieron, modelo y características.
Sobre estos vehículos, lo único que se sabe es que son al menos 120 unidades nuevas, entre las que se encuentran camionetas tácticas, vehículos charger y patrullas con blindaje especial. Ni el vendedor o el precio han sido revelados por las autoridades estatales.
El 22 de abril de 2022, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la Oficialía Mayor sería la encargada de transparentar esta compra y presumió que la adquisición de estas patrullas era un logro inédito, porque “con la mitad de dinero, vamos a tener las mismas patrullas que la capital”.
El mismo día, a través de un comunicado, la Oficialía Mayor aseguró que la publicación de los contratos estaba “en proceso” y que la información se entregaría “una vez que se establezca formalmente la Guardia Civil”, hecho que ocurrió el 16 de mayo, hace ocho meses.
Incluso, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, y el secretario de Seguridad, Guzmar Ángel González Castillo, se comprometieron a revisar la opaca situación con la Oficialía Mayor y la falta de transparencia con las patrullas de la Guardia Civil Estatal.
El 11 de julio, el oficial mayor, Noé Lara Henríquez, afirmó que el contrato sería publicado a finales de mes y justificó la ausencia de los documentos al comentar que la empresa no había terminado de entregar los documentos.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, son facultades del titular de transparencia de cada sujeto obligado, “recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información” y, además, “realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información”.
Como titular de la Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor se encuentra Héctor Miguel Dávila Guerrero.
