Desiree Madrid
El secretario general de Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, comentó la administración estatal no intercederá para que la Minera México pague el adeudo que mantiene con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en relación con el predial, ya que se trata de un impuesto municipal.
“Las personas físicas o morales tienen obligaciones fiscales, en este caso, los impuestos prediales, los cuales son de orden municipal, no estatal. Habrá que preguntarle al municipio de la capital”, expresó el secretario.
El adeudo de Minera México con respecto al predial asciende a casi tres años y corresponde al municipio de San Luis Potosí. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los contribuyentes que no paguen sus impuestos a tiempo deben agregar intereses que se acumulan por cada día de retraso, lo cual puede resultar en un aumento significativo en la deuda total.
Además, el Código Fiscal del Estado contempla sanciones adicionales por la falta de pago de impuestos, como multas y recargos que se suman al monto original del adeudo.
Estas multas pueden ser sustanciales según el tiempo de morosidad y, en casos graves, podrían derivar en embargos o acciones legales para recuperar el pago.
Minera México es una de las mayores empresas del sector minero en el país, con operaciones en diversas entidades federativas, incluida San Luis Potosí. La compañía se dedica a la extracción y procesamiento de minerales como la plata, el cobre y el zinc.
A pesar de su tamaño y contribución a la economía nacional, la empresa ha enfrentado en los últimos años varios cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que incluye la falta de pago de impuestos municipales como el predial.
El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, declaró anteriormente que están en pláticas con la empresa para resolver este conflicto y evitar que el adeudo crezca aún más.
En casos como este, los gobiernos municipales tienen la facultad de negociar con las empresas para llegar a acuerdos de pago, lo cual podría incluir plazos extendidos o descuentos, siempre en el marco de la legislación vigente y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
