Abelardo Medellín
Si el Gobierno del Estado insiste en su maniobra de retirarle el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los burócratas, “nos convertiríamos en el primer estado que olímpicamente viola la Constitución y los derechos de los trabajadores, para favorecer a una aseguradora privada”, así lo declaró el abogado Joel Hernández Vázquez, director de Estudio #103, una firma enfocada a la consultoría y litigio en procesos laborales.
El abogado potosino habló con Astrolabio Diario Digital sobre la suspensión provisional, otorgada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), para que no se prive a los trabajadores del Gobierno del Estado de recibir los servicios del IMSS en igualdad de términos y como lo recibían.
Hernández Vázquez afirmó que esta suspensión es un triunfo de los trabajadores sobre el Gobierno, que se obtuvo pese a que en un primer momento se les negó en el Juzgado Segundo de Distrito.
“Si tú te vas a un litigio, y en ese litigio pides la suspensión y el juez considera que más o menos puedes tener la razón, te dan la suspensión, es claro que en términos de ese litigio es un pequeño triunfo, porque ya los habían dado de baja, pero ya no los puede dar de baja, llevan la de ganar”, comentó.
El abogado indicó que una sentencia como la otorgada por el Tribunal Colegiado debería motivar a una reflexión al interior de la administración estatal, para cuestionarse las formas en que se toman decisiones sobre los trabajadores.
“Las decisiones de Gobierno del Estado afectan a los trabajadores y que por ende afectan a su familia, y los trabajadores también son de San Luis Potosí, por mucho que puede haber conflictos laborales o muchas prestaciones ante la nueva administración, eso no quita que son parte de la población”, afirmó.
Según Joel Hernández, las acciones futuras en materia laboral que tome la administración deberán tener una “mayor sensibilidad” para evitar que ocurran conflictos legales como el que se presentó en esta ocasión.
De igual forma, opinó que litigios como este son un mal antecedente que impactará en la imagen del Gobierno actual ante el resto del país.
“Genera antecedentes nacionales; lo que puede pasar con este juicio puede tener un impacto nacional, ahora sí que, como la Ley de Herodes, si se va a hablar de San Luis Potosí que se hable para bien, no puede ser todo tan de golpe”.
El abogado potosino aseveró que, además de sensibilidad para tomar decisiones, el Gobierno debería tener a un equipo de juristas que ayuden a ver las posibles consecuencias de acciones como la cancelación de un servicio ofrecido por el IMSS, que no solo tiene beneficios médicos unipersonales, sino familiares, de pensiones y de otros tipos.
“Al tu afectar a los trabajadores así y dejarlos sin seguridad social, violas derechos constitucionales. Violas toda la pirámide sobre la que está construida la sociedad mexicana, el trabajador como eje central del país (…) hasta ahí es muy grave y sienta un precedente”, agregó.
Finalmente, Hernández Vázquez recalcó que pese al dinamismos y las acciones que presume el Gobierno en sus redes sociales, la decisión de afectar a los trabajadores retirándoles la seguridad social será una que afecte a la imagen de la administración.
