Por: Samuel Estrada.
El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera consideró que el Gobierno del Estado ha sentado un mal precedente al contribuir en el pago a un particular por un terreno invadido por familias integrantes del movimiento antorchista.
Expuso que, aunque se comprende la situación en el sentido de que se buscó evitar una confrontación violenta con los habitantes del lugar, también es cierto que la justicia definió que en efecto se trató de un predio invadido y por tanto se tenía que desalojar a través de la fuerza pública.
No obstante esta situación se puede prestar a malas interpretaciones y se podría hablar hasta de el pago de favores políticos para con esta organización social, el hecho es que una vez que esto ha sucedido, otras organizaciones sociales o hasta la misma buscará aplicar de nueva cuenta esta estrategia para apropiarse de predios privados, con el antecedente de que la autoridad no se atreverá a desalojarlos.