Angélica Campillo
Gobierno del Estado ha ignorado las anomalías y las malas condiciones en que laboran los internos recluidos en el Centro de Reinserción Social de La Pila, por parte de las maquiladoras localizadas al interior de este sitio, manifestó el defensor legal Joel Hernández Vázquez.
En rueda de prensa, el abogado dio a conocer que desde abril del presente año fue contactado por algunas reclusas del penal de para que las representara en las demandas que interpondrían en contra de la empresa Traktolamp, instalada al interior de este centro penitenciario, debido a despidos al contentillo por parte de los gerentes, así como por la falta de seguridad social.
Refirió que, a raíz de ello, la semana pasada la empresa anunció su cierre dentro del penal, situación que dejaría sin empleo a 230 reclusos, entre ellos 35 mujeres, pero hasta el momento no se han retirado, ya que hasta el día de hoy no se han llevado su maquinaria de la sección de mujeres, y tampoco les han hecho entrega de su fondo de ahorro, que se compone del descuento del 33 por ciento que les hacían en su salario, sin su consentimiento, el cual se deposita, aparentemente, en un fideicomiso de una institución bancaria que mantienen en secrecía, por lo que se desconoce la cantidad que le toca a cada una. No obstante, dijo que la sección de hombres continúa operando.
El abogado consideró que la decisión de la empresa de anunciar su retiro de la penitenciaría fue una medida de presión para que las cuatro internas que interpusieron demandas laborales desistieran del proceso, presionadas por las demás reclusas.
Hernández Vázquez comentó que, ante este problema, ya se han comunicado con la dirección General de Reinserción Social, así como con el director del penal, José Basilio Hernández Puente, a quien le hicieron saber la situación, pero su respuesta fue que “les echáramos la mano”.
Recordó que hace unos meses interpeló al secretario del Trabajo, Manuel Lozano Nieto, para plantearle las condiciones de las reclusas en el tema laboral, pero éste lo envió con su secretario particular, quien tomó sus datos y le hizo saber que estaban incurriendo en un tema de esclavitud análoga, es decir, que al concentrar la mano de obra se fijan las prestaciones por debajo del salario mínimo, las internas no tienen prestaciones y todavía sobre eso se practica un descuento, pero “evidentemente no ha habido respuesta”.
Expuso que este tema estaba “debajo del radar” y la Secretaría del Trabajo no lo tiene monitoreado porque consideran que lo que está pasando adentro de los penales no es empleo formal, sino que se trata de capacitación para el trabajo, cuando no es así.
El representante legal añadió que el Gobierno del Estado sabía de las anomalías porque, de entrada, ellos firmaron los convenios, por lo que estaban enterados del fideicomiso, y están obligados, de acuerdo al reglamento del Centro Penitenciario a dar un informe de ello.
Dijo que no se oponen a que haya empresas dentro de los penales que brinden empleo a los reclusos, pero lo que no abona es que se les esté pagando un salario inferior al que la empresa paga afuera de la cárcel, ya que éstas reciben entre 300 y 350 pesos, mientras que las internas sólo reciben entre 80 y 100 pesos, sin prestaciones ni seguridad social, por lo que por los años trabajados no verán cotizado un solo día, siendo que están fabricando mercancía que exportan a países como Estados Unidos o Canadá, “entonces están fabricando en pesos, con un salario inferior, aprovechándose de las facilidades que les está dando el Estado, y vendiendo en dólares. Esto se trata de un engaño sofisticado que ha permanecido debajo del radar durante 12 años, que por lo menos Traktolamp tiene operando ahí”.
Denunció que las 35 mujeres afectadas que laboran para Traktolamp soldan con cautín los chips con los que se elaboran faros, pero no les proporcionan equipo ni guantes, por lo que están expuestas a respirar humo de estaño que a largo plazo genera una enfermedad llamada estañosis, no obstante cuando acude la prensa o hay algún evento, las hacen que se coloquen sus uniformes, lentes, etcétera, para que parezca que así laboran normalmente, teniendo que soportar esas condiciones al ser el único empleo en el que pueden desempeñarse.
El abogado subrayó que lo que se necesita es abordar un tema complejo y de interés nacional, brindar un apoyo jurídico, con orden, que permita que esto pueda continuar caminando en términos legales, por lo que es un buen momento para crear una reflexión jurídica y hacer un ajuste respecto de los salarios y en la manera en que están operando.
Indicó que este lunes 14 de octubre habría una reunión de los empresarios de Traktolamp con las reclusas, donde exhibirían los estados de cuenta del fideicomiso y se le informaría a cada una, si es que van a dejar de trabajar para la compañía, cuánto les tocaba, mas no se confirmó la hora en que se llevaría a cabo dicha junta.
