Angélica Campillo
El secretario general del Gobierno, Alejandro Leal Tovías, mostró su aprobación por la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, luego de que mandatarios de algunas entidades manifestaran su rechazo por su designación.
El funcionario potosino señaló que si el Poder Legislativo a nivel federal aprobó a la nueva presidenta de la CNDH, “nosotros tenemos que ser institucionales”, además refirió que el Gobierno de San Luis Potosí es respetuoso de las decisiones que tome la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
Cabe destacar que el gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, aseveró que su administración desconocería cualquier recomendación emitida por la nueva titular de la CNDH, luego de asegurar que su nombramiento fue ilegal. De igual forma, se han sumado a dicha manifestación los demás mandatarios del Partido Acción Nacional del país.
De acuerdo con información publicada en la edición 2246 de la revista Proceso, Rosario Piedra Ibarra es hija de Rosario Ibarra de Piedra, una de las líderes sociales más respetables en la historia de México, y hermana de Jesús Piedra Ibarra, joven guerrillero de la Liga 23 de Septiembre, desaparecido en 1974.
Asimismo, Piedra Ibarra es fundadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional y su mandato comenzó en noviembre de 2011, e incluso en un documento público, actualizado el 24 de octubre del presente año, aparece como dirigente de esta fuerza política.
No obstante, el artículo 9 de la Ley de la CNDH establece que quien aspire a presidir este organismo no puede haber sido dirigente de algún partido político durante los 360 días previos al nombramiento.
En la conferencia mañanera de este martes 19 de noviembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador consideró normal que a los mandatarios conservadores les incomode que la hija de una activista encabece la defensa de la CNDH, porque, acusó, a través de los años este organismo sólo se ha dedicado a simular la protección de los derechos humanos en el país.
