Jaime Nava
En un intento por simular que se cumple con la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, la Secretaría de Finanzas adjuntó documentos ilegibles como respuesta a una solicitud de información en la que se le pidió copia de dos pagarés de préstamos quirografarios por 600 millones de pesos solicitados en 2016 y 2017.
Un usuario de la Plataforma Nacional de Transparencia solicitó a la Secretaría de Finanzas todos los documentos relacionados con dos obligaciones a corto plazo contratadas el 9 de marzo del 2017 y el 23 de diciembre del 2016 con los bancos HSBC y Banorte, respectivamente, cada una de ellas por 300 millones de pesos.
Como respuesta, el usuario recibió un documento firmado por el director de Financiamiento, Deuda y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, Sergio Alejandro Cerda Lara, en el que se aseguraba que se adjuntaba copia de los dos pagarés quirografarios y de sus constancias de inscripción en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Sin embargo, las siguientes cinco páginas que componen la respuesta a la solicitud de información son prácticamente ininteligibles. La calidad de los archivos no permite su lectura lo que se convierte en un obstáculo que viola el derecho de acceso a la información.
Entre las pocas cosas que se pueden distinguir en los documentos se encuentra que ambos pagarés fueron firmados por el gobernador, Juan Manuel Carreras López, el entonces secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes y el secretario de gobierno, Alejandro Leal Tovías.
El artículo 30 de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios permite a los estados contratar obligaciones a corto plazo sin autorización del Congreso del Estado siempre y cuando: “las obligaciones queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente”, sean obligaciones quirografarias y se inscriban en el Registro Público Único.
De acuerdo con los documentos, el pagaré firmado en diciembre del 2016 se registró hasta el 24 de abril del 2017 y el pagaré firmado en marzo del 2017 se registró el 12 de abril del 2017. La información sobre el estado de la deuda debería estar publicado en el Registro Público Único vigente; pero, al intentar acceder aparece un mensaje de “error” en el sitio de internet cuyo funcionamiento depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La ley de Disciplina Financiera en su artículo 25 establece que los entes públicos deben dar a conocer en sus páginas de internet los instrumentos jurídicos contratados a más tardar 10 días después de su inscripción en el Registro Público Único, disposición que no fue cumplida por la Secretaría de Finanzas pues en los archivos disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia relacionados con la deuda pública no aparece esa información.
Únicamente se hace mención de los montos de dichos créditos, plazos y tasas de interés en los informes de las Cuentas Públicas 2016 y 2017 publicados por la Auditoría Superior del Estado.
