Por Antonio González Vázquez
Los Defensores de Oficio que tenían bajo su responsabilidad la representación legal de la familia de la pequeña Adriana Martínez Campuzano, una de las víctimas del multihomicida de Tamuín, continúan trabajando para Gobierno del Estado, pese a que de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos y la madre de la víctima, mostraron desinterés, negligencia y descuido en el caso.
Patricia N. y Omar N. tenían en sus manos el expediente de la menor de trece años violada y asesinada pero se desatendieron del tema y no se enteraron de que el Juez Primero del Ramo Penal con sede en Ciudad Valles dictaría auto de libertad en favor del asesino, Filiberto Hernández Martínez.
Patricia fungía como asesora jurídica de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito hasta que ésta pasó a convertirse en Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas del Delito a mitad del año pasado. Regresó a su plaza en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Entre tanto, Omar, continúa desempeñándose como asesor jurídico de víctimas en el CEEAV en el municipio de Ciudad Valles. Es decir, mantiene su puesto pese que tuvo un mal desempeño en el caso de Adriana Martínez Campuzano.
Los dos abogados no estuvieron presentes en distintas etapas del proceso que llevó el Juzgado Primero del Ramo Penal, lo que motivó que todas las actuaciones fueran a favor del criminal al que al final le concedieron la libertad, aunque continúa preso por tener aún pendientes cuatro casos más por violación y feminicidio.
La indebida actuación de esos funcionarios, corresponde a sus actividades entre 2014 y 2015 cuando la dirección general de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas estaba a cargo de la actual diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Martha Orta.
En ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha considerado que los dos asesores legales descuidaron el caso lo cual permitió el auto de libertad a favor del criminal.
