Fernanda Durán
Esta mañana, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, presentó un apartado especial sobre la prisión preventiva durante la sección “Cero Impunidad” con la finalidad de mostrar su repercusión en la impunidad.
Previo a decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolverá este lunes 5 de septiembre si ordena la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para delitos graves, el Gobierno federal advirtió que el tribunal supremo no puede legislar artículos de la Constitución de acuerdo con el artículo 133.
“La Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución, el único que puede reformar la Constitución, de acuerdo con el artículo 135, es el Poder Constituyente Permanente” dijo Mejía Berdeja.
Con relación a la prisión preventiva, el subsecretario apuntó que dicha medida cautelar pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, evitar que los delincuentes se den a la fuga, posibles ataques a testigos y evitar reincidencias.
La SCJN resolverá dos proyectos relacionados con el debate, los cuales plantean declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa y conceder un amparo a Brandon Alexis N. y Alejandro N. familiares del presunto líder de la organización Unión Tepito.
En el caso de los presuntos integrantes de la Unión Tepito, pretenden conseguir un amparo para obtener su libertad, aunque fueron detenidos con drogas, proyectiles útiles, armas cortas y largas.
Al determinar como inconstitucional el artículo 19 continuaría siendo valida la prisión preventiva justificada. Asimismo, se les daría la oportunidad a quienes están en prisión preventiva oficiosa de promover una audiencia para modificar las medidas cautelares y ser puestos en libertad.
El Gobierno de México ha alertado que asignar la decisión de aplicar la prisión preventiva a jueces añade un factor de presión adicional que desencadenaría corrupción entorno a esta figura.
Por esta razón, Ricardo Mejía expuso en la conferencia matutina, los casos que consideran una acción errónea por parte de los jueces.
Caso El Contador, José Alfredo N., señalado como líder del Cartel del Golfo-Ciclones-Escorpiones, quien fue detenido en San Luis Potosí el 2 de marzo de 2019, debido a una orden de aprehensión por el presunto delito de privación ilegal de la libertad y asalto.
No obstante, fue liberado en noviembre de 2020 luego de que un Juez de Control decidió no vincularlo a proceso, pero en febrero de 2022 fue detenido nuevamente por su presunta participación en el intercambio de drogas y armas vinculadas a hechos de violencia.
Caso El Monstro o La Bestia de Tamuín, Filiberto N., presunto feminicida serial detenido por actividades delictivas entre 2010 y 2014, con el asesinato de al menos cinco mujeres mayores y menores de edad.
A pesar de que Filiberto N. indicó el lugar donde enterró los cuerpos de las víctimas, un Juez Local, Juan Ignacio Ortega, dictó auto de libertad por supuestas inconsistencias; la madre de una víctima logró que se reabriera su caso mediante un amparo, por ende, se encuentra detenido en el penal de Alta Seguridad de Durango, sin sentencia.
Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno federal, reprochó la politización del debate alrededor de la prisión preventiva que podría permitir la liberación de delincuentes y acusó a los medios de comunicación que antes “no alzaron la voz” sobre la prisión preventiva oficiosa.
“El debate no es la prisión preventiva es el presidente de la República”, dijo.
Expuso la cobertura que dieron los medios sobre el tema en sexenios pasados, destacó que en los sietes meses que duró el debate sobre la reforma judicial, en los años 2007 y 2008, hubo 2 mil 170 notas, mientras que en agosto de 2022 los medios han dedicado 3 mil 753 notas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a los legisladores de la oposición que votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa, pero ahora están en contra, “Cada quien que asuma su responsabilidad” respondió ante las decisiones del Poder Legislativo.
