Fernanda Durán
Durante la conferencia matutina de este jueves, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, expuso los 22 padecimientos del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo por los que le fue otorgada la prisión domiciliaria, tras las críticas que ha recibido el Gobierno federal a raíz de dicha medida.
Actualmente, el fundador del Cártel de Guadalajara es atendido de manera permanente en el área médica del reclusorio por especialistas de segundo y tercer nivel, además ha requerido traslado a centros especializados debido a su estado de salud, informó Rosa Icela Rodríguez.
Entre los padecimientos destacan sordera izquierda y mala audición derecha; atrofia del globo ocular derecho y glucoma en el ojo izquierdo; carcinoma facial; hernia de disco; esofagitis; hipertensión arterial; diabetes mellitus; tuberculosis y neumonía adquirida en el reclusorio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la prisión domiciliaria fue una decisión del Poder Judicial, la cual ya fue apelada por la Fiscalía General de la República (FGR); mientras definen su situación jurídica, el mandatario ordenó atención médica para Félix Gallardo.
“Tienen ya instrucciones y lo acaba de decir la secretaria de brindarle la atención médica, no exclusiva, sino mejorar todos los servicios médicos de todas las cárceles federales, ese es el acuerdo que tomamos”.
López Obrador destacó que ha solicitado a las instituciones involucradas que actúen con “mucho cuidado”, ya que la oposición espera atacar a las instituciones de su administración.
“Estamos pidiendo a la Fiscalía y al Poder Judicial que se actué con apego estricto a la legalidad y que se tome en cuenta que, independientemente de lo jurídico, nosotros tenemos que cuidar el prestigio de las instituciones de México, el prestigio del Estado Mexicano”.
El narcotraficante obtuvo la prisión domiciliaria en el proceso donde fue sentenciado a 40 años de cárcel por tráfico de cocaína; sin embargo, necesita conseguir la misma medida cautelar por la condena de 37 años de cárcel que se le impuso por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985.
