María Ruiz
El encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de la capital, Jorge Andrés López Espinosa, anunció que ya se trabaja para implementar las medidas cautelares de protección a tres defensoras de derechos humanos, como lo solicitó el pasado 12 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante un comunicado.
Este mecanismo de protección estará encaminado a salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal de las ciudadanas María del Rosario Torres Mata, Janeth del Rosario Tolentino Torres y Velia del Carmen Torres Castillo, quienes sufrieron amenazas de muerte y secuestro, presuntamente por parte del crimen organizado.
Las medidas cautelares constarán, según lo mencionado por López Espinosa, en prevenir, procurar, investigar, sancionar y reparar el daño que se cometa en perjuicio de las activistas.
“Ya es de nuestro conocimiento esta situación por parte de este organismo autónomo nacional y la presidencia municipal de San Luis Potosí ya tiene conocimiento de este hecho. Serán aceptadas y aplicadas las medidas cautelares y trabajará el Ayuntamiento capitalino como lo señala el punto petitorio”, puntualizó.
También aclaró que las autoridades municipales trabajarán de manera coordinada para proporcionar las medidas de protección suficientes e idóneas para una protección eficaz. Aunado a estrategias de prevención a nivel local para prevenir atentados en contra de la integridad física de las defensoras de los derechos humanos.
“Estaremos en estrecha colaboración con las autoridades estatales y las medidas de protección específica se estarán definiendo en una reunión de coordinación con las autoridades de la Guardia Nacional y a quienes el gobernador del Estado designe”, subrayó.
Cabe señalar que esta emisión de medidas cautelares busca condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan las defensoras de derechos humanos quienes, en el ejercicio diario de su labor, son vulnerables a enfrentar actos de violencia, amenazas, persecución, secuestro, tortura, entre otras situaciones.
En este sentido, las autoridades municipales y estatales, están obligadas —como lo puntualiza su programa Agravio a personas periodistas y defensores civiles— en colaborar en estrategias eficaces para proteger mejor a los defensores de los derechos humanos y seguir el cumplimiento de esas recomendaciones.
