Estela Ambriz Delgado
La Comisión de Vecinos del Barrio de San Miguelito condenó la amenaza del Gobierno del Estado de retirar el recurso destinado para las obras de rehabilitación en la zona, además comentó que las autoridades están más preocupadas por que se retiren los amparos en lugar de subsanar las irregularidades.
Mediante un comunicado, los ciudadanos informaron que cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y las autoridades estatales los han convocado a reuniones de trabajo, se dedican a hacerles advertencias y amenazas en lugar de trabajar en los avances del proyecto.
“En el discurso, el Gobierno estatal dice estar listo para comenzar a trabajar nuevamente porque ya ha subsanado los requisitos del primer amparo, y eso es absolutamente falso porque no han presentado los avances a las instituciones competentes y ni a la ciudadanía”.
Los vecinos también indicaron que en la última reunión que se tuvo con Seduvop el 15 de septiembre, no se presentó un proyecto de remodelación de las calles intervenidas con base en lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les marcó como indispensable.
Además, señalaron la poca disposición de las autoridades y el poco respeto hacia los habitantes del barrio para continuar con las obras y subsanar los desperfectos que causaron, los cuales afectan a más de 300 familias, como la falta de banquetas y diversos daños en los drenajes y las tuberías de agua, de por sí ya inservibles.
“No permitiremos el chantaje, ni las amenazas de retirar el recurso, la situación que se vive de dejar sin servicios básicos a la población fue provocada por Seduvop y esto, además de ser ilegal, es una grave violación a los derechos humanos de las personas”.
Los habitantes de San Miguelito reiteraron que las obras continúan sin planeación y están hechas bajo la ilegalidad, además de que en ningún momento se han salvaguardado los derechos de la ciudadanía.
A esto se suma que se incumplió con los acuerdos de asegurar a la población las rampas de acceso mientras duren los trabajos, así como no dañar tuberías de agua y drenaje con la maquinaria.
Respecto al segundo amparo, informaron que el Gobierno está obligado a trabajar en lo que debió haber hecho desde un inicio, es decir, comprobar que los vecinos cuentan con vías de comunicación accesibles y seguras para personas con discapacidad durante el transcurso de las obras y comprobar que durante los proyectos de rehabilitación se tomó en cuenta a este sector.
“Señalamos que los vecinos y vecinas del barrio no queremos calles inaccesibles; queremos una auténtica modernización que permita, ahora sí, transitar de forma segura por las calles, incluyendo a aquellas personas que utilizan sillas de ruedas, bastones o andaderas y que no tengan que bajarse de la banqueta debido a los obstáculos”.
