Abelardo Medellín
Durante los últimos 12 años, el Gobierno de San Luis Potosí y la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han provocado, ocultado e ignorado el problema que padece un fondo de capitalización que debía servir para otorgar prestaciones complementarias al gremio magisterial de la entidad.
Este viernes 2 de febrero, el grupo Colectivo Magisterial publicó un desplegado titulado “Cronología de una infamia”, a través del cual narra las causas de la crisis actual que padece el Fondo de Previsión Social y Retiro 26 (Fopresyr).
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Colectivo Magisterial, a la fecha, el Gobierno adeuda al fideicomiso 127 millones 382 mil 323.27 pesos, mismos que no se han enterado al fondo debido a que la administración estatal “no paga lo que debe”.
Se explica que este instrumento de ahorro fue creado el 27 de junio de 1996, a través de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el SNTE que buscó crear el Fondo de Capitalización Social (Foncasol) de los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).
A la par del instrumento, se generó un comité técnico integrado por el secretario de Educación como presidente; y como vocales a el secretario general de Gobierno, el secretario de Finanzas, el secretario general de la Sección 26, y el secretario de Previsión y Asistencia Social de la Sección 26.
De 1996 y hasta 2014 el fondo se capitalizo a través de modelos de descuentos directos de nómina, cuyos nombres específicos fueron cambiados al menos cuatro veces; además de que en 2003 el fideicomiso original fue extinto vía jurídica en la misma fiduciaria (Banorte) y se creo uno nuevo, sin enterar de esto a los trabajadores.
El colectivo identifica que a partir de 2012 comenzó una debacle en el fondo antes conocido como Foncasol, pues el Gobierno del Estado dejó de entregar al fideicomiso los descuentos que hizo a los trabajadores activos, que para entonces ascendían a 211 millones 630 mil 245 pesos.
Estas omisiones de pago por parte de Gobierno se repitieron durante los años consiguiente, con lo cual se acumuló una deuda de 525 millones de pesos para 2015; durante estos años no se informó de los montos a los que ascendió la capitalización del fondo por concepto de los préstamos que se a trabajadores hacían para financiarlos.
Para el 2018, el Foncasol fue extinto y fue creado el nuevo Fopresyr26 y se informó que los trabajadores que no se cambiaran al nuevo fideicomiso, perderían las prestaciones.
Del 2018 al 2022 —entre los sexenios de Juan Manuel Carreras y Ricardo Gallardo Cardona— el Gobierno realizó cuatro abonos: por 100 millones de pesos en 2018; 112 millones en 2019; 45 millones en 2021; y 15 millones en 2022.
Desde entonces persiste un adeudo de 127 millones 382 mil 323.27 pesos.
“Considerando estas inconsistencias, los jubilados empezamos a exigir la realización de una auditoría que permitiera definir en donde está el dinero de nuestras aportaciones al fideicomiso: Se le solicitó a la sección 26 del SNTE, a la SEGE, se acudió al Congreso del Estado, se conversó con personal del Gobierno del Estado y no se obtuvo ninguna respuesta”, explicó el colectivo.
De igual forma, el desplegado expone que, en septiembre de 2022, la sección 26 del SNTE, encabezada ya por Juan Carlos Bárcenas Ramírez, emprendió una campaña contra las y los trabajadores adheridos al Fopresyr26 al afirmar que el fideicomiso estaba en “quiebra técnica” por el simple hecho de que estos exigieran el pago de la deuda.
“Para esa fecha se les adeudaba a 960 compañeros maestros que se habían jubilado en los años 2019, 2020 2021, 2022”.
De acuerdo con el colectivo, la respuesta de las autoridades al problema no ha sido satisfactoria, pues por un lado el presidente del Comité Técnico del fondo, Juan Carlos Torres Cedillo, no les puede entregar información sobre las actas. Mientras que la Contraloría del Gobierno del Estado dice tener una carpeta abierta sobre el caso, no ha entregado resultados, y la Sección 26 del SNTE se comprometió a sugerir un nuevo esquema de financiamiento que no colapse el fondo y tampoco lo ha presentado.
“Consideramos que los responsables de todas estas situaciones tienen nombres y apellidos, se presumen culpables: Marcelo de los Santos Fraga, gobernador del estado de 2003 a 2009; Antonio Rubín de Celis Chávez, secretario de Educación de 2003 a 2009; Fernando Toranzo Fernández, gobernador del estado de 2009 a 2015; Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado de 2015 a 2021 y el secretario de Educación de 2009 a 2015, Joel Ramírez Díaz; José Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador del estado, y su secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo. Los secretarios de Finanzas y General de Gobierno de los gobernadores anteriormente mencionados, además de los secretarios generales de la Sección 26 del SNTE en ese periodo de tiempo, 2003 a 2024: José Luis Briones Briseño, J.Dimas Sagahón Hernández, Enrique Rodríguez Uresti, Crisógono Sánchez Lara, José Ricardo García Melo, Alejo Rivera Ávila y Juan Carlos Bárcenas Ramírez. Ya que al ser integrantes del Comité Técnico del FONCASOL/FOPRESYR26 nunca hicieron nada por evitar la debacle económica que hoy nos perjudica”.
El colectivo precisó que, en la actualidad, es imposible precisar el número de trabajadoras y trabajadores afectados por la situación del fondo que aún adeuda a los jubilados adheridos al Fopresyr26 el pago de conceptos como: jubilación complementaria, capitalización por retiro, seguros de vida, apoyo para gastos funerarios y el otorgamiento de préstamos con intereses bajos.
Finalmente, solicitaron que el secretario de Educación del Gobierno del Estado dé una respuesta satisfactoria de la situación financiera del fondo, que hoy tiene en incertidumbre el destino de los recursos que aún se descuentan a las y los trabajadores.
