Estela Ambriz Delgado
El movimiento de Guardianes de la Sierra manifestó que el Gobierno del Estado, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), así como los Ayuntamientos de Villa de Reyes y San Luis Potosí, han establecido acuerdos con empresarios del sector inmobiliario agrupados en el Consejo Consultivo Potosí, quienes atacan el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, pagan despachos pudientes y llegan a acuerdos con jueces federales.
De igual manera, señalaron que el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha estrechado acuerdos con las empresas WTC Industrial, META y Valoran, así como Aguas del Poniente Potosino, además de que, de forma recurrente, se reúne con los grupos caciquiles de San Juan de Guadalupe conocidos como los “Juanes perreros”.
Guardianes de la Sierra enfatizó en que desde el primer día de la publicación del decreto de APFF Sierra de San Miguelito, ha advertido que no debe bajarse la guardia, pues el sector inmobiliario no cederá ni renunciará a sus objetivos, lo que se ha demostrado en un activismo permanente de grupos empresariales y políticos contra el ANP.
Expusieron que se han interpuesto decenas de amparos, destacando los de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, financiados por la empresa Espacios en el Horizonte; el ejido Escalerillas, costeado por Grupo Mahbub y el abogado Gustavo Barrera; el ejido San Juan de Guadalupe, con la intervención de personas relacionadas con el proyecto Gran Peñón de Marcelo de los Santos Anaya y la familia Lorca.
Asimismo, el ejido El Terrero, asesorados por el abogado José Mario de la Garza de Mexicana de Técnicos en Autopistas (META); Emiliano Zapata y Jesús María, del municipio Villa de Reyes, financiados por las inmobiliarias Century XXI y Ciudad Maderas; Estancia de Calderón, respaldado por Century XXI y Francisco de la Rosa; El Aguaje, por medio del proyecto Gran Peñón.
En el caso del amparo 10/2022 promovido por Lourdes Bear Chávez, el abogado es Alejandro Rivera Ávila, ex director jurídico de la Procuraduría Agraria, ex director jurídico de Gobierno del Estado, asesor jurídico de Minera San Xavier (MSX), así como de META, y se ostenta como ejidatario en El Aguaje y San Juan de Guadalupe, además de que actualmente es asesor y operador en la construcción de la Vía Alterna.
