Por Victoriano Martínez
Los diputados votarán en la sesión de este jueves el cambio de nombre de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección de Seguridad Pública del Estado y con eso darán por creada la Guardia Civil Estatal, cual si avalaran una genial y novedosa estrategia que acabará con la inseguridad y tras ser publicado en el Periódico Oficial del Estado ya se pudiera vivir sin miedo.
El cambio de nombre de dependencias gubernamentales y de programas insignia de un sexenio a otro no es ninguna novedad, es parte del sello de llegar con la creencia de que el mundo comienza con su gobierno y tratar de vender cambios meramente cosméticos como innovaciones de fondo. Una versión refrito como las buenas intenciones inscritas en los planes de desarrollo.
De pena ajena resultó el intento de vestir este cambio de nombre de dos dependencias como producto de un ejercicio de parlamento abierto que terminó con la puesta a disposición de un correo electrónico para recibir opiniones, solicitar la opinión a algunas instituciones y a los ayuntamientos, así como un foro que pasó inadvertido, cuyos resultados fueron insignificantes y poco atendidos.
Al parecer —porque en el dictamen no se revela el dato— sólo se recibieron tres correos electrónicos (de Teresa de León López, Manuel Medellín Milán y Frank Rivera), entre los que destaca el punto de vista del ex diputado Medellín Milán que advierte sobre lo intrascendente y costoso de renombrar dos dependencias. Comentario que vale la pena reproducir:
Dudo que valga la pena el gasto necesario —que debe ser muy alto— para cambiar uniformes, patrullas, todo tipo de muebles e inmuebles, papelería, nombramientos, permisos, etc. etc., por el prurito de emular la reforma federal en la materia.
…
Los cambios de nombre y las declaraciones o buenos deseos no mejora por sí mismos los niveles de seguridad en el Estado, que se encuentra entre los más afectados por el crimen en la escena nacional.
Lo que sí logran estos cambios es distraer los esfuerzos del gobierno y de los responsables de la seguridad que estarán muy entretenidos con los pormenores de dichos cambios en lugar de dedicar todo su tiempo y energía en proteger a los potosinos.
Sugiero que detengan la reforma hasta que mejoren las condiciones de seguridad de nuestras ciudades y familias, las de ustedes y de todos sus representados, para que las nuevas denominaciones sean un reconocimiento de logros y no una incierta esperanza que puede resultar frustrante.
De los organismos y entes públicos consultados, sólo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de Industriales Potosinos A.C. (IPAC) hicieron observaciones dignas de ser tomadas en cuenta… de algún modo.
El hecho es que las comisiones dictaminadoras hicieron un gran esfuerzo por presentar en el documento que hoy será sometido a votación del pleno un amplio trabajo de consulta… para aprobar la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona prácticamente en los mismos términos.
¿Qué le quitaron?
- Cuatro palabras a la fracción VI del artículo 2º.Ter de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública (LSESP) (y la reinserción social)
- La fracción XV del artículo 14 de la LSESP (Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas, con el fin de fomentar e impulsar la formación educativa de los elementos de seguridad pública)
- Ocho palabras al segundo párrafo del artículo 21 de la LSESP (o el titular de la Guardia Civil Estatal)
- La fracción XII del artículo 27 de la LSESP (Coordinarse con los prestadores de servicios privados de seguridad, con el mando de la policía urbana, bancaria e industrial), uno de los puntos señalados por la CEDH en sus comentarios.
¿Qué le agregaron?
- Tres palabras a la reforma del artículo 88 constitucional (con licencia especial) con referencia a que las dependencias renombradas “podrán contar con mando militar”. Tres palabras que pretenden responder a la inquietud manifestada en la opinión de IPAC.
- Dos palabras en la fracción segunda del artículo 41 Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública (la vida).
- Se dividió en dos una fracción en el mismo artículo 41 Quater.
- La fracción VII al artículo 20 Ter de la LSESP (Implementar políticas, programas, y acciones que en materia de reinserción social emita el Consejo Nacional)
- Dos fracciones al artículo 5º de la LSESP:
- VII QUÁTER. Dirección de Tecnología: la Dirección General de Tecnologías de la Información e Inteligencia en Seguridad Pública.
- IX QUÁTER. Policía Cibernética: La Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado, encargada de prevenir, atender y combatir incidentes y delitos que se cometen a través de medios digitales; además de coadyuvar con las fiscalías y autoridades jurisdiccionales;
- Tres fracciones al artículo 10 de la LSESP:
- V TER. El titular de la Policía Cibernética;
- V QUÁTER. El titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información e Inteligencia en Seguridad Pública;
- V QUINQUIES. El titular de la Policía Cibernética;
Por lo demás, el resto de los cambios fueron reubicación de expresiones en algunos párrafos, uso de términos sinónimos e incorporación de palabras que fueron omitidas en la iniciativa. Al final de este texto se presenta el comparativo completo iniciativa-versión vigente-dictamen.
En un exceso más de la simulación, en la décima segunda consideración del dictamen se afirma que “por cuanto hace al impacto presupuestario al que alude la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, este ya ha sido atendido” en la Ley del Presupuesto de Egresos publicada desde el 16 de diciembre de 2021.
Mayor descaro en el sometimiento del Legislativo al Ejecutivo, imposible. Primero se dispone presupuestalmente de los recursos, incluso antes de presentar la iniciativa que los justifique y adelantándose a la aprobación de los diputados, cuya voluntad se da por descontada.
Toda una parafernalia en la que la estrategia de combate a la inseguridad, desde el aspecto normativo —como la materia— ni se crea ni se destruye, sólo se maquilla… como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y como Guardia Civil Estatal.
