Por Victoriano Martínez
¿Cuántos potosinos tendrían que sentir la necesidad de contar con escoltas para saber que vivimos en un estado seguro? Ninguno. Comenzando por el gobernador… que este viernes sorprendió con la creación de una guardia personal, familiar y hasta de allegados.
Si el gobernador cree necesario contar con escoltas, el mensaje es muy claro: por mucha representación popular, desconfía de que su gabinete de seguridad –con todo y reuniones engorrosas– le garantice su integridad física, como tendría que suceder con la de todos los potosinos.
Si además cree necesario proteger y salvaguardar la integridad física de “su familia, directos y consanguíneos en todo momento y lugares en que se encuentren, sean públicos o privados, dentro y fuera del Estado”, el mensaje resulta alarmante.
No es que no merezca sentirse seguro, sino que tales medidas reflejan temor a la situación de inseguridad que se vive en el Estado y, sobre todo, una confesión demasiado temprana de que su lema de campaña, vivir sin miedo, sólo fue eso, un slogan propagandístico carente de contenido real.
No sólo contradice, o le da el sentido menos esperado a su lema de campaña, porque las condiciones para vivir sin miedo dependen de contar con escoltas que proporcionen seguridad personal, “de su familia, sus instalaciones, oficinas, domicilios, y demás lugares que así lo amerite”, lo que poquísimos pueden costearse y, en consecuencia, deja a la inmensa mayoría en el temor.
Además de contradecir su lema, contradice su propia postura en contra del dispendio de recursos en seguridad para los altos funcionarios (el gobernador es el más alto funcionario).
Apenas dos días después de asumir el cargo informó del retiro de escoltas a exfuncionarios que calificó de abusivos para regresarlos a las calles. “Esa es la porquería en la que estamos; por eso las cosas no funcionaban”, dijo.
Llama la atención otro aspecto del decreto, de acuerdo con el tercer párrafo de los considerandos en el que, además de la integridad física, se refiere a la integridad moral de él y su familia, un aspecto en el que especialmente Ricardo Gallardo Cardona y su círculo familiar se ha puesto en duda con denuncias por corrupción, incluso de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Acaso la recreada Dirección General de Ayudantía y Protocolo del Ciudadano Gobernador asumirá la defensa legal en esos expedientes y emprenderá acciones para que se deje de hablar en medios de comunicación o por grupos ciudadanos sobre esos temas de pendiente resolución?
La Unidad Administrativa de la Secretaría Particular fue creada el 1 de junio de 2002, mediante un decreto que respondía prácticamente a meros requerimientos administrativos en torno al despacho del gobernador. Entonces incluía la Dirección General de Ayudantía y Protocolo con una sola fracción que hacía referencia a la seguridad del mandatario.
Se le hizo una primera reforma el 13 de septiembre de 2014, en la que Ayudantía y Protocolo se convirtió en Giras y Eventos, y se agregaron la coordinación de Archivos y la unidad de Información Pública. Se atendían requerimientos para agregar funciones administrativas derivadas de nuevas disposiciones legales.
La reforma de este viernes atiende exclusivamente necesidades que parten de lo que padecen todos los potosinos: la sensación de inseguridad. La máxima autoridad en el estado comparte ese miedo y toma medidas para su protección, en un esfuerzo para que él, su familia y allegados puedan vivir sin miedo… y el resto de los habitantes que se lo aguanten.
Paréntesis de curiosidad: La próxima vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo lo contrario al desaparecer el Estado Mayor Presidencial, visite San Luis Potosí, ¿Gallardo Cardona le asignará escoltas como visitante? Por cierto, su papel de emulador de López Obrador y seguidor de la Cuarta Transformación queda en entredicho con el decreto de este viernes.
¿Cuántos potosinos quisieran contar con escoltas para sentirse seguros? Gallardo Cardona, con su decreto de autoprotección con cargo al erario ya los tiene en mucho mayor medida (¿abuso?) que en tiempo de su antecesor, aunque –desafortunadamente– representa la primera señal para que la población se preocupe más por su seguridad: ni el primer responsable de otorgarla se siente seguro.
