Por Victoriano Martínez
“Quiero dejar claro que esta será la última declaración que se hace en torno, no para dar carpetazo, sino para puntualizar las cosas con objetividad”, anunció el diputado Rolando Hervert Lara, después de despotricar en contra de los empresarios que firmaron un desplegado en el que le señalaron al Congreso del Estado selectividad e inequidad jurídica en la resolución de juicios políticos.
Cuando se habla sin consideración ni reparo, como lo hizo este miércoles Hervert Lara en la rueda de prensa a la que convocó, la exaltación suele ser traicionera y provocadora de expresiones contradictorias y hasta autoritarias, que además se alejan de la verdadera cuestión que se pretende debatir y/o refutar.
El cuestionamiento central del desplegado publicado el domingo 23 de febrero por un grupo de cámaras empresariales fue sobre “la selectividad e inequidad jurídica con la que dictaminaron los diversos juicios políticos”.
O Hervert Lara mal interpretó (o simula no haber entendido) la referencia que hacen los empresarios a que los diputados pasaron “por alto entre otros, las diversas y acreditadas malversaciones de los recursos públicos principalmente en el Ayuntamiento de la Capital”, o de plano tiene serias deficiencias en su capacidad de lectura, al asumir que ese no era tema de los juicios políticos.
“Lo que existe son juicios penales en contra como de la ecuación corrupta que no han sido resueltos y nosotros no somos policías ni somos ministerios públicos. Que le exijan los señores empresarios al fiscal general estos resultados, no al Congreso”, aseguró.
Paso por alto dos detalles: (1) el pasado 30 de septiembre el Ayuntamiento de San Luis Potosí presentó al Congreso solicitud de juicio político contra Ricardo Gallardo Juárez y Emmanuel Ramos por daños al erario por mil 30 millones de pesos, y (2) en los casos de juicios contra Gallardo Juárez y Juan Pablo Almazán Cue las comisiones dieron cinco días para ampliar las pruebas.
Hervert Lara no sólo no leyó bien el desplegado, sino que tampoco le informaron completo (o fingió no estar informado) sobre lo que acordaron las comisiones de Gobernación y Justicia, además de que –un efecto más de despotricar como lo hizo– contradice su afirmación de no ser policía ni ministerio público al asumirse como tal al señalar sobre el desalojo de Teresa Carrizales:
“No cometan este tipo de delitos, nosotros no lo cometimos, lo cometió personal del Ayuntamiento, que tenga consecuencias ese personal, que es lo que tenían que haber hecho ante la sociedad”. Hervert Lara no sólo encuadró hechos como delitos, sino que también los juzgó y hasta reprochó que no se aplicara una pena.
Tras posturas tan contradictorias, Hervert Lara cierra con la afirmación de que con su dicho puntualiza las cosas con objetividad, cuando en realidad lo que presenta es su versión en una secuencia de exabruptos y un pretendido punto final de clara vocación autoritaria.
No presenta ningún argumento para refutar la selectividad e inequidad jurídica señaladas, sobre todo cuando su compañera diputada Beatriz Benavente Rodríguez declaró, al abandonar la cuestionada sesión de las comisiones de Gobernación y Justicia, que habían prevalecido “intereses de todos: personales, familiares, políticos. El interés debería de ser la legalidad”.
Tan sin consideración ni reparo resultan las declaraciones de Hervert Lara que no sólo queda la duda sobre si realmente leyó el desplegado, sino también sobre si está enterado de lo que ocurre en el Poder Legislativo.
