Angélica Campillo
El diputado Edmundo Torrrescano Medina prevé que de no autorizar la ampliación presupuestal solicitada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), para cubrir las indemnizaciones de cuatro trabajadores que no fueron ratificados, estos estarán en todo su derecho de demandar al organismo público autónomo.
El diputado explicó que la solicitud de la ampliación de cinco millones 951 mil 721.44 pesos tendrá que valorarla la Auditoría Superior del Estado (ASE), porque el organismo público local electoral tiene un programa presupuestal, con capítulos específicos que contemplan a donde van los recursos que se le asignaron.
No obstante, si el Consejo destinara otro recurso para ello, entrarían en una irregularidad y la ASE sería la responsable de velar por ese tema.
Si bien Torrescano Medina se dijo respetuoso de la autonomía del Ceepac, consideró que deben de tener previsto en su planeación este tipo de actos, pues en caso de que el Gobierno del Estado no autorice la ampliación presupuestal, los ex trabajadores tendrán derecho a demandar e inclusive generar acciones que pudieran acabar en embargos, como ocurre en otros municipios y en la misma administración estatal.
Sin embargo, el legislador confía en que el Ceepac dará respeto a los derechos laborales de cada uno de los trabajadores despedidos con las indemnizaciones correspondientes, pues es una entidad que tiene que garantizar que se respete la legalidad, aunque señaló que el Congreso del Estado estará atento de que así sea.
A consideración del diputado, el Ceepac realiza una reestructuración al atender la reducción presupuestal, por lo que necesitan personal que pueda atender otras funciones.
“Ojalá que quienes están proponiendo puedan cumplir los requisitos que tienen que desarrollar con un presupuesto más limitado, y entendiendo que ahora tienen más actividades que desarrollar, no solo en el proceso electoral, sino en otros temas como la confirmación de juntas de mejoras y capacitación”, comentó.
Para Torrescano Medina, si en este esquema de reestructuración se tiene que sustituir a algunas personas, debe hacerse apegado a la legalidad y con ello garantizar que a las y los potosinos se les respeten sus derechos.
